8 de noviembre de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Maximiliano Ferraro quiere una eximición especial del ABL

El legislador de la Coalición Cívica presentará un proyecto este lunes para que los porteños damnificados por cortes de energía no paguen esa tasa impositiva por un tiempo determinado.

La iniciativa establece “un descuento especial y único en el pago del impuesto sobre los Ingresos Brutos en los meses de diciembre 2013 y enero y febrero 2014 a aquellos comercios y/o actividades afectados por los cortes de energía” y que ese descuento se “determina mediante la presentación de una declaración jurada de los daños materiales surgidos de los cortes de energía, más una suma fija de 1000 pesos por cada día que no desarrollaron con normalidad sus actividades”.

Por otro lado, se propone que el Ente Regulador de Servicios Públicos y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires brinden asistencia ante los reclamos judiciales que los vecinos realicen contra las empresas distribuidoras de energía y/o contra el Estado Nacional e interponer acción de responsabilidad y reparación de daños y perjuicios contra las empresas distribuidoras de energía eléctrica.

El artículo octavo del proyecto busca autorizar “a la jurisdicción de ministerio de Desarrollo Social un crédito presupuestario de cincuenta millones de pesos (50.000.000) a fin de ser asignado a ‘Transferencias’, para prestar asistencia directa a las personas que, a causa de la catástrofe energética y mientras ésta se mantenga, se encuentren en situación de extrema necesidad, mediante ayuda alimentaria, provisión de agua, medicamentos, subsidios directos y cualquier otro elemento para atender las necesidades de las personas afectadas”. Y agrega que se debe autorizar al Poder Ejecutivo “para financiar dicho crédito presupuestario mediante reasignación de partidas”.

En los fundamentos de la iniciativa, al igual que otros legisladores de la oposición, Ferraro desliga a la administración porteña de los problemas energéticos y entiende que la mayor responsabilidad es del Gobierno Nacional.

“Asumimos esta función, aunque la responsabilidad directa es ajena al Gobierno de la Ciudad: las empresas concesionarias están dentro de la órbita del Gobierno Nacional, pero es imperioso proteger a los vecinos abandonados ante esta situación de emergencia”, finalizó.

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