A través de una presentación por escrito, la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó ante la Cámara de Casación que se confirme su sobreseimiento en la causa conocida como Memorándum con Irán. Paralelamente, se realizó la segunda audiencia donde expusieron oralmente alguna de las partes.
En la presentación, la defensa de la titular del Senado, a cargo del abogado Carlos Beraldi, repasó las principales causas abiertas contra Cristina Kirchner y apuntó a los jueces del tribunal. “La actuación de Hornos y Borinsky no solo fue cuestionada por las defensas, sino también por el Fiscal General Javier De Luca y por la jueza Ana María Figueroa, quienes pusieron de manifiesto que su intervención en el caso era totalmente irregular”, indica el escrito.
Beraldi insistió en que no hubo delito con la firma del Memorándum, de igual manera que sostuvo el juez Daniel Rafecas al inicio de la causa. Reclamó que “deberá dejarse sin efecto el auto de citación a juicio, y al propio tiempo, se deberá dictar en esta instancia un auto de sobreseimiento respecto a todas las personas injustamente acusadas en el proceso, por la misma causal, con expresa mención de que la formación de esta causa en nada afectó su buen nombre y honor”.
Asimismo, en la audiencia, el fiscal general Javier De Luca, quien desistió de la apelación que se había presentado desde el Ministerio Público, ratificó que no hubo delito.
En el año 2013, Argentina e Irán firmaron un memorándum sobre la causa del atentado a la AMIA. El acuerdo establecía que, ante la negativa de Irán de extraditar a los acusados de ser los autores del hecho, el juez y el fiscal del caso, entonces Rodolfo Canicoba Corral y Alberto Nisman, podían viajar a ese país a indagar a los acusados. Además, creaba una comisión de la verdad. El acuerdo fue objetado políticamente y ante la justicia que lo declaró inconstitucional.
En enero de 2015, Nisman denunció a CFK y otros funcionarios de su gobierno por el acuerdo porque indicó que se realizó para encubrir a los acusados y hacer caer las órdenes de detención internacional. La causa primero fue archivada por el juez Daniel Rafecas por inexistencia de delito, pero luego la Cámara de Casación la reabrió y pasó al juez Claudio Bonadio que procesó a la ex presidenta y otros 11 acusados. La causa pasó a juicio oral y el octubre de 2021 el tribunal oral sobreseyó a todos los acusados por inexistencia de delito.
Semanas atrás, en la primera audiencia, los abogados querellantes que representan a familiares de víctimas del atentado a la AMIA y los de la DAIA pidieron que se revoque el sobreseimiento de todos los acusados y que sean juzgados en juicio oral y pública por ese acuerdo. En esa audiencia también expusieron las defensas de Carlos Zannini, Juan Martín Mena y del ex funcionario de Cancillería Eduardo Zuain.
Tras las dos audiencias, los jueces de la Sala I de Casación, Diego Barroetaveña, Ana María Figueroa y Daniel Petrone, quedaron en condiciones de resolver. La expectativa ahora está puesta en saber si resolverán antes de que termine el año o quedará para el año que viene.