MENDOZA – Sanción definitiva al Área interjurisdiccional Precordillera y Piedemonte del Área Metropolitana

El objetivo es regular las actividades en estas zonas para preservar su función ambiental, compatibilizando la conservación y el desarrollo territorial.

La Cámara de Diputados otorgó sanción definitiva a un proyecto del Poder Ejecutivo por el que se establece el área interjurisdiccional de la Precordillera y el Piedemonte del Área Metropolitana Mendoza (AMM). El objeto de la propuesta es regular las actividades en estas zonas para preservar su función ambiental, compatibilizando la conservación y el desarrollo territorial del área, estableciendo estrategias de mitigación de impactos y considerando los riesgos existentes o que puedan detectarse a futuro.

En reuniones previas mantenidas en comisiones, se expresó que esta normativa surge a partir de la aprobación de la Ley de Ordenamiento Territorial y por lo tanto, se debe trabajar de manera articulada en las áreas del piedemonte. Se remarcó también que se viene trabajando desde hace varios años en este tema y con los municipios, entendiendo que “el Piedemonte es una unidad ambiental con una dinámica, que funciona de manera unificada con criterios naturales y que exceden a la jurisdicción de los municipios”.

Funcionarios de la cartera de Ambiente explicaban en aquél momento que la urbanización sobre el piedemonte se ha expandido de forma desorganizada, y por ello se han realizado estudios técnicos y científicos para tratarlo “de manera aluvional”, con el cuidado especial de las cuencas.

En Sesión, quien hizo uso de la palabra en primer término fue el diputado Adrián Reche (UCR), quien sostuvo que este proyecto ingresó a la Legislatura en 2020 y se trabajó en diferentes comisiones del Senado y Diputados, además de haberle hecho aportes en un trabajo conjunto entre las distintas fuerzas políticas, lo cual redundó en una votación positiva unánime en el Senado provincial.

Agregó Reche que la iniciativa surgió por una serie de “irregularidades en esta zona”, principalmente “en el desarrollo urbanístico, con construcciones que avanzaban sobre los cauces aluvionales”, a lo que se suma la “falta de servicios básicos”, y que además ponían en peligro la vida de las personas allí asentadas como así también la afectación ambiental y ecológica.

“Esta normativa fue un trabajo de hace tiempo por parte de la Secretaria de Ambiente”, indicó Reche, y sumó el trabajo realizado por diferentes instituciones para lograr acordar el texto en debate. Subrayó que la letra legal ahora “permite generar criterios únicos, claridad en pisos mínimos, a la hora de desarrollar nuevos emprendimientos en estas áreas”.

A su vez, mencionó que se pensó en un ecosistema de manera global y que se hace participar a otros actores; para que cuando haya manifestaciones de nuevos emprendimientos, los actores sumados, también puedan emitir dictamen técnico y fundado, sugiriendo acciones. “Se fijan criterios de sustentabilidad y sostenibilidad”, algo que se encuentra en concordancia también con la agenda de las Naciones Unidas 2030. “Ahora se garantiza seguridad jurídica y cuidar este ecosistema tan sensible, con la protección de la fauna y la flora del lugar”, sintetizó.

María José Sanz, del mismo bloque, añadió que “este proyecto es un avance ordenado equilibrado y prolijo hacia la definición de proyectos”. Ponderó también que tiene “el consenso de vecinos y uniones vecinales, se trabajó mucho en el territorio”, y agregó que “la provincia cuenta con leyes marco, como la Ley de Ordenamiento Territorial, y los municipios han avanzado en sus propios planes”. Sostuvo finalmente que “este proyecto establece algunas multas, y el monto será dirigido a la mitigación del impacto ambiental”.

Por su parte, Emanuel Fugazzotto (PV) destacó que esta iniciativa “es ampliamente superadora a los primeros borradores que vimos hace dos años atrás, por eso reconozco el trabajo territorial que se ha realizado”. El legislador, agregó que: “Se torna redundante hablar de estos temas, pero es necesario cuando vemos que cada municipio puede manejar criterios diferentes en lo que respecta al piedemonte, por ello creemos que se ha trabajado de manera superadora, para unificar estos criterios”.

Asimismo adelantó su acompañamiento al proyecto, con excepción del artículo 8, que trata sobre la unidad interjurisdiccional considerando que  “la unidad interjurisdiccional es muy importante, pero también sería importante que los aportes de aquellos que son miembros no permanentes, sean vinculantes”.

Por su parte, Germán Gómez (FdT-PJ), opinó que “hablamos de cuatro municipios involucrados, con distintos criterios, modalidades, que atañe a un sector tan sensible” como es el Piedemonte; “por ello es muy importante este proyecto que viene a unificar estos criterios. Estamos generando un criterio uniforme y coordinado”, remarcó.

Asimismo, consideró que “esta Ley trasciende más allá de los partidos que gobiernan, es una herramienta legal que brindará mayor seguridad jurídica. Entendemos que la rápida aplicabilidad de laLLey traerá soluciones importantes”.

A su turno, Mercedes Llano (PD) adelantó el no acompañamiento al proyecto, argumentando que “los sistemas políticos latinoamericanos se caracterizan por la inestabilidad, con un proceso de instrumentación de políticas públicas que no se sustentan en el tiempo, este proyecto presenta características fragmentarias y volátiles porque carece de una visión estratégica, se pone el foco en la parte y no en el todo”.

Llano subrayó que “ya existe legislación vigente que crea el órgano consultor de la zona oeste y la Ley de Ordenamiento Territorial que da las herramientas suficientes”.