Menna presentó un pedido de informes por contratos irregulares de la CNRT que encarecen la revisión técnica obligatoria

El diputado nacional Gustavo Menna (UCR-Chubut) presentó un pedido de informes al jefe de Gabinete de la Nación para que explique por qué el Ministerio de Transporte realizó autorizaciones que encarecen el servicio de verificación técnica del transporte de pasajeros y de carga y, además, otorgó a una organización privada la facultad de emitir la Licencia de Configuración de Modelo (LCM) en unidades nuevas y usadas.

La LCM, explicó Menna, debería estar cargo de los talleres habilitados para efectuar la Revisión Técnica Obligatoria, aunque se llevan adelante por parte de una asociación civil denominada “Comisión de Ingenieros Certificadores”, cuyos integrantes residen todos en Buenos Aires y con la cual la Agencia Nacional de Seguridad Vial firmó un convenio.

Estos ingenieros, advirtió el legislador, “perciben un arancel por esa tarea que llevan adelante en forma remota, sin tomar contacto con las unidades y sobre la base de una fotografía que le remite el taller de Revisión Técnica Obligatoria”.

El proyecto de Resolución fue presentado con el acompañamiento de las legisladoras Lorena Matzen (Río Negro) y Roxana Reyes (Santa Cruz).

En los fundamentos del pedido de informes, Menna repasó que “la Ley Nacional de Tránsito (24.449) y su reglamentación (decreto 779/95), imponen la Revisión Técnica Obligatoria periódica del parque automotor”, y que “en el caso de las unidades de transporte de pasajeros y carga que realizan servicios interjurisdiccionales sujetos a la órbita federal, esas verificaciones se llevan a cabo en talleres habilitados por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y la Comisión Ejecutiva Nacional del Transporte (CENT)”.

Esos talleres, agregó, deben contar en forma obligatoria con un director técnico con título de ingeniero. Pese a ello, “los trámites de LCM vinculados a la expedición de certificados de aquellos vehículos cero kilómetro o usados que se han reconfigurado en función del uso que les va a asignar su propietario (por ejemplo, cuando se instala una hidrogrúa en la caja), si bien son llevados a cabo en esos talleres”, quedan a cargo de la Comisión de Ingenieros Certificadores, a la que “por un convenio celebrado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial le asignó esa potestad en forma monopólica”.

Sin constatación

Menna mencionó como agravante que “la certificación que realizan los ingenieros habilitados por la ‘Comisión de Ingenieros Certificadores’ es llevada a cabo sin constatar personalmente los vehículos, ya que todos ellos están radicados en la Ciudad de Buenos Aires y no se desplazan para hacer constataciones de los vehículos”.

“Esto último demuestra que, en rigor, no existe ninguna fiscalización”, manifestó el diputado nacional. Y añadió que “se ha conferido una función estatal a una entidad privada, que distribuye las habilitaciones de certificadores entre un grupo de ingenieros que no realiza labor alguna en forma efectiva, duplica innecesariamente los trámites que debe llevar a cabo el empresario transportista que modificó un vehículo de transporte, y percibe por ello un arancel que no encuentra contraprestación alguna, contribuyendo a incrementar los costos”.

“Los certificadores designados por la Comisión de Ingenieros Certificadores residen todos ellos en Buenos Aires”, insistió Menna, “y cobran por un servicio que no prestan, ya que se limitan a recibir fotografías que les envían desde los talleres en donde se hace el trabajo”, ante lo cual “esa Comisión se arroga la potestad estatal de habilitar o no nuevos ingenieros para ‘dar el servicio’ por el que en realidad cobran pero no brindan”.

Negocio a medida

De manera complementaria, Menna observó que “en fecha reciente, la Gerencia de Fiscalización Técnica Automotor de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte ha impuesto a los talleres de Revisión Técnica Obligatoria el pago de un servicio que no se presta de ninguna forma, a una empresa de reciente creación denominada Soluciones Digitales a Medida Sociedad Anónima Simplificada”.

Ello, dijo, “también se aprecia como un negocio armado a medida para obtener una ventaja irregular”.

“La gravedad y trascendencia de ambas disposiciones, las cuales podrían tener una derivación penal, obligan a una pronta evacuación de la solicitud de informes”, cerró Menna.