La defensa de la presidenta del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, solicitará la nulidad del juicio oral del Memorándum con Irán, luego de que se conocieran las reiteradas visitas de jueces a la residencia de Olivos durante el mandato de Mauricio Macri.
Fue el propio abogado, Carlos Beraldi, quien adelantó que realizará la solicitud en el expediente que fue reabierto gracias a un fallo de los camaristas Gustavo Hornos y Mariano Borinsky. Según indicó El Destape, ambos visitaron a Macri en la Quinta de Olivos durante su gobierno. El primero de ellos lo hizo en seis ocasiones en la Casa Rosada, mientras que el segundo asistió en al menos 15 oportunidades a la Quinta Presidencial.
Beraldi confirmó la decisión de pedir la nulidad en una entrevista radial, después de que salieran a la luz las visitas de los jueces a Macri, ya que la causa había sido desestimada por otros magistrados y luego reabierta, días después de las reuniones en la Quinta de Olivos.
“la información sobre estas visitas pone al descubierto una serie de presunciones que fuimos teniendo durante el desarrollo de las causas contra Cristina Fernández, que nos llevaban a la conclusión de que estaban direccionadas por el poder político”.
“Nosotros hemos planteado desde el comienzo la nulidad de estos procesos, por las interferencias del poder político que nos privaban de una garantía básica en un proceso como es el juez imparcial”, dijo el abogado.
El abogado tomará la defensa de la vicepresidenta en esta causa de este martes, ya que hasta el momento el defensor de Cristina Kirchner en este expediente era el penalista Roberto Boico, quien la semana pasada asumió como juez de la Cámara Federal porteña.
Una de las reuniones que mantuvo Borinsky con Macri en Olivos fue el 23 de diciembre de 2016, una semana antes de que Hornos y él votaran por la reapertura de la denuncia impulsada por Alberto Nisman contra Cristina Kirchner, Héctor Timerman y varios exfuncionarios por presunto encubrimiento del atentado a la AMIA. Esa denuncia había sido rechazada en cinco oportunidades.
El Caso
La causa se abrió a raíz de la denuncia de Alberto Nisman, el fiscal de la causa AMIA que apareció muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento, con un tiro en la cabeza. Cuatro días antes de su muerte, Nisman había radicado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios. Aseguró que el Memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la mutual judía -que mató 85 personas- quedaran impunes.
La denuncia de Nisman fue desestimada por el juez Daniel Rafecas y por los jueces de la Cámara Federal porteña, por dos votos a uno. El entonces fiscal de la Cámara Federal Germán Moldes apeló, pero el fiscal de Casación Javier De Luca no sostuvo el recurso por entender que no existió delito. La Sala I de Casación, con los votos de Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Luis Cabral, confirmó en mayo de 2016 el cierre de la denuncia.
Los jueces Hornos y Borinsky, como jueces subrogantes de la Sala I, fueron recusados por la defensa de Timerman, diciendo que ambos jueces estaban excusados de intervenir en el expediente sobre el ataque terrorista, su encubrimiento y los temas asociados. El planteo fue rechazado por los magistrados. El 29 de diciembre de 2016, Casación -con los votos de Hornos, Borinsky y Figueroa- resolvió ordenar la reapertura de la causa y apartar del expediente al juez Daniel Rafecas, al considerar que su decisión de rechazar la reapertura de la denuncia fue “prematura, arbitraria y parcial”. Momentáneamente el expediente estuvo en el juzgado de Ariel Lijo hasta que finalmente el caso quedó anexado a la denuncia que tramitaba Bonadio.
El caso está ahora ante el Tribunal Oral Federal 8, con la intervención de los jueces Gabriela López Iñiguez, José Michilini y Daniel Obligado. Las defensas vienen reclamando que se le tome declaración testimonial a Ronald Noble, el ex jefe de Interpol que siempre desmintió que estuvieran en riesgo las alertas rojas. Interpol hasta ahora no autorizó su testimonial. Para los acusados, esa prueba era clave para hacer caer la causa.