Mientras avanza en el Congreso el debate por el juicio político, la Corte retoma su agenda
Con el fin de la feria judicial, el próximo miércoles 1 de febrero la Corte Suprema de Justicia regresará a su funcionamiento habitual, mientras el Gobierno nacional avanza en el Congreso con un juicio político contra los cuatro miembros del máximo tribunal. En tanto, la Corte Suprema tiene dos fallos clave para la política: la restitución de parte de los fondos de la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires y la composición del Consejo de la Magistratura.
Asimismo, el Máximo Tribunal también tiene en sus manos un recurso de queja por la doble pensión que cobra la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, y tiene pendiente desde el 2021 resolver si reabre el caso Dólar Futuro, en donde CFK fue sobreseída por Casación.
El Gobierno de Alberto Fernández anunció en diciembre pasado que no acataría el fallo de la Corte que le ordenó al Ejecutivo nacional restituir una porción de los fondos de coparticipación que le había recortado a la Ciudad de Buenos Aires en 2020. Luego, el presidente informó que se le pagaría a la Ciudad con un bono a 90 días. Paralelamente, mediante el Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, presentó un reclamo ante la Corte para que suspenda los efectos del fallo, un pedido de revocatoria “in extremis” y la recusación de los jueces del máximo tribunal.
El Gobierno de la CABA rechazó el pago en bonos, denunció ante la Corte el incumplimiento del fallo y le reclamó que se “arbitren las medidas necesarias” para hacerlo efectivo.
Respecto al Consejo de la Magistratura, en diciembre de 2021, la Corte declaró inconstitucional la ley del 2006 que redujo el número de miembros del organismo encargado de seleccionar y sancionar a los jueces, y ordenó volver a restituir la composición de 20 integrantes, con el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, incluido.
Cabe mencionar que la Magistratura está integrada por representantes de los jueces, abogados, académicos, y por legisladores nacionales. La ley previa al 2006 fijaba que “los presidentes de la Cámara de Senadores y de Diputados designarán cuatro legisladores por cada una de ellas, correspondiendo dos al bloque con mayor representación legislativa, uno por la primera minoría y uno por la segunda minoría”.
En el Senado, la mayoría era el Frente de Todos, la primera minoría la UCR y la segunda el PRO, pero por orden de Cristina Kirchner, la bancada oficialista se dividió y pese a que siguió siendo mayoría, el kirchnerismo ocupó también el lugar de la segunda minoría. Así las cosas, el oficialismo se adjudicó 3 de los 4 representantes de la Cámara Alta en la Magistratura y el PRO, que se quedó sin un lugar, fue a la Justicia a reclamar. Luego, el máximo tribunal ordenó desplazar del Consejo al senador de La Cámpora Martín Doñate. En su lugar debía ir el opositor Luis Juez, Pero, para blindar la nueva designación del legislador kirchnerista, el oficialismo convocó a una sesión en la Cámara Alta y aprobó su nombramiento por mayoría en el recinto. Algo inédito dado que los miembros del Consejo no se eligen por votación.
La Corte le tomó juramento a los representantes de la Cámara de Diputados en la Magistratura, pero dejó de lado el juramento de los representantes del Senado hasta que esté resuelta la disputa judicial. El máximo tribunal tendría que resolver una vez más si el asiento en el organismo encargado de elegir, sancionar y, llegado el caso, remover a los jueces le corresponde a Martín Doñate o a Luis Juez.