El senador de Santiago del Estero, Gerardo Montenegro, vendió su casa en Miami, registrada mediante una sociedad de su mujer y su hijastro, mientras estaba siendo investigado por lavado de dinero. De acuerdo con registros públicos de Miami, la operación se concretó en USD 460 mil.
Cabe hacer mención que, desde comienzos del año pasado, Montenegro es investigado a partir de un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF), que se transformó en una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC). El senador está acusado de usar cooperativas para cobrar subsidios millonarios y comprar bienes de lujo. La causa está en manos del juez federal de Santiago del Estero Sebastián Argibay, nombrado durante la presidencia de Mauricio Macri, y la fiscal Cecilia Indiana Garzón.
Semanas atrás, Argibay citó a indagatoria a Montenegro, a su esposa María Teresa Sciolla y a una decena de miembros de las cooperativas. El juez tiene un plazo para definir la situación procesal de todos los indagados. Pero, en Santiago del Estero sospechan que hay una maniobra en curso para que la causa siga en la justicia provincial, donde los jueces suelen estar más influenciados por la política local.
Montenegro le vendió su casa de Miami a la sociedad CLARF LLC. El senador compro esa propiedad en noviembre de 2019 a través de la sociedad JM SILVER GROUP LLC, donde su mujer y su hijastro aparecen como “personas autorizadas”. Para constituir esa sociedad, Sciolla declaró como domicilio una casa en la capital santiagueña, ubicada en Islas Malvinas 665, la misma dirección que utilizó para crear una SRL con el mismo nombre. En cambio, el hijastro de Montenegro, Javier Sciolla, declaró como domicilio un departamento en la calle 25 de mayo al 300.
La UIF y la PROCELAC no llegaron a detectar esa propiedad, aunque la denuncia original mencionaba una transferencia de USD 5 mil a la constructora LENNAR, dueña de ese emprendimiento.
Entre el 13 de abril de 2018 y el 25 de abril de 2021, la mujer de Montenegro hizo depósitos y transferencias por un total de USD 511.590 para comprar la unidad 403. Algunos de esos pagos fueron remitidos por Washy Corporation SA, Larix SRL, Puerto Colonia LTD, Marcelo Walter Perretta Masantis y Zully Giunta. Los detalles de las sociedades involucradas figuran en un informe que le mandó la UIF hace apenas dos meses al juez federal de Santiago del Estero.
Gerardo Montenegro ocupa una banca en el Senado de la Nación desde el año 2013, y siempre en las filas del kirchnerismo. Por el momento, el bloque de senadores de Juntos por el Cambio nunca se expresó en público sobre el escándalo. Apenas hubo comunicados de la UCR y del PRO local pidiendo que la Justicia avance con la causa.
La Justicia sospecha que la fortuna de Montenegro provenía de fondos públicos. Incluso, está acusado de comandar una red de cooperativas que recibieron más de $90 millones en subsidios del gobierno de Santiago del Estero. En esas cooperativas había familiares directos, empleados del Senado, empleados públicos de Santiago del Estero, y hasta trabajadores de la seccional local de UPCN, el gremio que controla Montenegro desde 1998.
El caso más emblemático fue la cooperativa “Trabajo, Esfuerzo y Solidaridad”, íntimamente vinculada a la mujer de Montenegro. En esa cooperativa también aparecía Ramón Orlando Bravo, empleado del gobierno de Santiago del Estero desde febrero de 2007 y secretario de Comunicación de UPCN, y Walter Gómez, otro empleado provincial. Entre septiembre de 2017 y mediados de 2019, de las cuentas de esa cooperativa se extrajeron $15.870.000 en efectivo. Nunca se presentó documentación para justificar esos movimientos ante el INAES, el organismo que controla a las cooperativas.