El diputado nacional de Juntos por el Cambio (JxC) Gerardo Milman entregó este marrtes su teléfono celular a la justicia federal, aunque lo acompaño de una presentación en la que manifestó su oposición a que el mismo sea abierto en el marco de la causa en la que se investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre pasado, informaron fuentes judiciales.
El dispositivo fue entregado en el juzgado de la jueza María Eugenia Capuchetti por parte del abogado de Milman, Manuel Barros, quien además adelantó que apelará ante la Cámara Federal de Casación Penal el fallo que habilitó el secuestro del teléfono del legislador, previa autorización de la Cámara de Diputados.
A días de cumplirse un año del atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner, la causa que investiga el caso volvió a tener sorpresas: después del fallo de la Cámara Federal porteña, el diputado del PRO Gerardo Milman se presentó esta mañana en el juzgado de María Eugenia Capuchetti, a través de su abogado, para entregar su teléfono, revelaron a Infobae fuentes judiciales. Sin embargo, advirtió que no avala la orden del análisis de su celular, que apelará a la Cámara de Casación porque se están violando sus garantías constitucionales, y porque requiere que se cumpla el procedimiento establecido en la Ley de Desafuero.
El viernes pasado, la jueza Capuchetti había informado a la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, sobre la decisión de la Cámara Federal porteña para proceder al secuestro en el marco de la ley de desafuero. El abogado de Milman, Claudio Barros, se presentó este martes en los tribunales, con el teléfono. Lo entregó pero advirtiendo que la decisión no puede ser considerada firme. La jueza llamó a agentes de la Gendarmería y a testigos para proceder al secuestro. El celular quedó bajo llave en la caja fuerte del juzgado mientras dure el trámite. Ahora, la jueza volverá a informar de esta situación a la Cámara Baja.
Con esta decisión, en fuentes judiciales descuentan que el celular quedará intocable hasta que se esclarezca la situación: por un lado, a la espera de la revisión que pueda hacer la Casación, con la intervención de los jueces Guillermo Yacobucci, Alejandro Slokar y Angela Ledesma, de la orden del secuestro del celular. Y por otro de lo que pueda entender que hay que hacer el Congreso, en el marco de lo previsto por la ley de desafueros.
Se trata de un caso inédito. El artículo 1 de la ley de Fueros establece: “Cuando, por parte de juez nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se abra una causa penal en la que se impute la comisión de un delito a un legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político, el tribunal competente seguirá adelante con el procedimiento judicial hasta su total conclusión (…). En el caso de dictarse alguna medida que vulnera la inmunidad de arresto, la misma no se hará efectiva hasta tanto el legislador, funcionario o magistrado sujeto a desafuero, remoción o juicio político no sea separado de su cargo (…) No se podrá ordenar el allanamiento del domicilio particular o de las oficinas de los legisladores ni la intercepción de su correspondencia o comunicaciones telefónicas sin la autorización de la respectiva Cámara”.
Técnicamente, Milman no estaba imputado. Pero un abogado defensor se presentó en la causa y se opuso al secuestro del teléfono. La Cámara Federal, por dos votos a uno, resolvió el jueves pasado hacer lugar al pedido del fiscal Carlos Rívolo, que reclamó el secuestro del celular después de que una de sus colaboradoras reveló que habrían borrado el contenido. La decisión fue fijada por los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, con expresas instrucciones a la jueza para garantizar la privacidad y atento a la gravedad institucional del hecho que se investiga. En el voto en minoría, opiniéndose, el juez Mariano Llorens hizo hincapié en que la ley de fueros no protege “solo la opinión de los legisladores, sino su trabajo, su despacho, el trabajo del cuerpo y en definitiva el funcionamiento normal del Parlamento”.
El 1 de septiembre pasado, Cristina Kirchner llegaba a su casa en el barrio de La Recoleta, y saludo a la militancia que desde que el fiscal Diego Luciani había pedido su condena a doce años de prisión se había instalado en su casa para saludarla. Entre el público, estaba Fernando Sabag Montiel, quien sacó de sus ropas un revólver y le apuntó a la cabeza. Gatilló pero el tiro no salió porque no había bala en la recámara. Fue atrapado por los militantes mientras la custodia no había advertido lo que había sucedido. CFK recién se dio cuenta cuando entro a su casa y lo vio por televisión.
Sabag Montiel y su novia, Brenda Uliarte, están acusado del intento de homicidio. Junto a su jefe, Nicolás Carrizo, sospechado de ser un partícipe secundario, fueron enviados a juicio oral. La jueza Capuchetti y el fiscal Rívolo siguen analizando las aristas sueltas de la causa. Allí la atención de la qurella está puesta en la pista que se abrió el 23 de septiembre cuando un asesor legislativo del Frente de Todos dijo que había escuchado, 48 horas del ataque, a Milman diciéndole a dos jóvenes “cuando la maten yo voy a estar en la costa”. Las mujeres, secretarias de Milman, fueron llamadas a declarar y dijeron que nunca habían escuchado eso. La querella reclamó el secuestro del teléfono de las testigos, algo a lo que Capuchetti se opuso. Ahí también, por dos votos a uno, fue la Cámara Federal la que ordenó llevar adelante la medida. Las mujeres entregaron el teléfono avisando que una lo había borrado para proteger su privacidad y la otra que había cambiado el equipo.