MISIONES – Proponen Ley de Impuesto al Latifundio para propiedades con más de 1200 hectáreas
A través de un Proyecto de Ley, que el presidente del Bloque de Diputados del Partido Agrario y Social, Martín Sereno, presentó que en la Cámara de Representantes propone la creación de un impuesto adicional al tributo inmobiliario vigente, denominado «Impuesto al latifundio», con incidencia directa en las propiedades con superficie mayor a 1200 hectáreas.
Entre los principales objetivos de la norma, pretende acelerar el ritmo de la división de tierras, manteniendo la propiedad de tipo minifundista característica de la provincia, e impedir -o al menos detener- el desplazamiento de la propiedad privada, hacia un número reducido de personas.
Además se busca lograr la subdivisión de la tierra para evitar potenciales conflictos en el área rural, y la obtención por parte del Estado de un porcentaje de la renta de la tierra.
«El impuesto inmobiliario latifundista será denominado de un porcentaje que se llamará ‘latifundio’, con un incremento que establecerá la Ley de Alícuotas, y según lo establece en el Artículo 135 la Ley XXII N°35 (Antes Ley 4366) del Código Fiscal un adicional del 25% cuando se trate de personas físicas, y del del 30% cuando sean personas jurídicas, sobre el total de la tasa inmobiliaria si superan las 1200 hectáreas», indican los fundamentos del proyecto de ley.
Según lo recaudado -explica el diputado- el Estado creará el Fondo Social del Latifundio, que recibirá el impuesto adicional de la alícuota, en una cuenta especial del mismo nombre en el Banco que actúe como entidad financiera provincial, al que ingresarán los recursos que se obtengan por aplicación de la futura ley.
Este fondo, según detalla el proyecto, será destinado a resolver problemas habitacionales como la compra de tierras, y quedará a cargo del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha).
En Misiones la lucha por la tierra es un conflicto en constante ebullición, y en los últimos años se acrecentó como consecuencia de la desigualdad en la distribución de la tierra y de las riquezas; a pesar de que la provincia conforma una de las divisiones políticas y territoriales más pequeñas del país. Sin embargo, todavía persisten los grandes latifundios y procesos de acumulación de tierras por parte de las grandes empresas.
También cuestiona que estos propietarios se capitalizan con la inversión del Estado. “Hay grandes extensiones que se enriquecen sin hacer nada, simplemente dejando que la infraestructura de la provincia valorice los terrenos.
Son tierras que hace cinco años valían 200 pesos la hectárea, y ahora cuestan 2.000 dólares, porque tienen asfalto, agua, energía».
Expresó que quieren beneficiar a los pequeños y medianos productores familiares, que se agrupan en las chacras, donde las grandes propiedades tienen responsabilidad social.
Además, «el propósito es eliminar los dos defectos estructurales del capitalismo, su orgánica incapacidad para evitar las crisis económicas y su insensibilidad frente a las exigencias de las clases sociales más desprotegidas. Apelamos que se priorice la intervención del Estado, la que debe estar presente, no sólo para mantener el equilibrio económico general, sino también para la obtención de fines de justicia social», enfatizó el diputado del PAyS.