Ningún pueblo se suicida. O al menos así reza el adagio. Argentina pareciera ser la excepción. Y lo afirmamos por el latente peligro secesionista que se vive en la Patagonia; avalado por leyes ridículas, políticos genuflexos y sentencias judiciales atentarorias contra la propia soberanía nacional.
En particular nos referimos al fallo de febrero pasado, del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, a cargo de María Silvina Domínguez, que hizo lugar a una demanda del mal llamado «pueblo originario mapuche» y ordenó al Poder Ejecutivo a que en el término de 60 días, a partir de que quede firme la sentencia, transfiera a “título gratuito”, y “en forma inmediata”, en propiedad el predio del Ejército Argentino de 180 hectáreas en donde se encuentra el área de instrucción de la “Escuela Militar de Montaña Juan Domingo Perón”.
El Ejército apeló la medida y por un tecnicismo la misma fue rechazada y todo parece conducir a la creación de una «zona mapuche autónoma». Dentro del ámbito de la política, una de las pocas voces que se levantaron fue la del Doctor Avelin, Presidente de Cruzada Renovadora, partido político de la provincia de San Juan al que fundó. En declaraciones exclusivas a NCN, Avelín expresó: «el fallo es una vergüenza y habría que ejecutar un iuri de enjuiciamiento sobre los jueces».
Finalmente remató con una frase que late en el corazón de todo argentino de bien: «la única bandera que debe flamear en este territorio es la celeste y blanca». Saludamos estos arrestos de patriotismo. En nuestro caso dimos el alerta temprana con nuestro libro «RAM; terrorismo internacional», hace 6 años. Noticias del Congreso Nacional hace su parte publicando como informe especial los capítulos de aquel trabajo. Pero nada se podrá si la justicia pone por encima supuestos derechos de minorías en detrimento de la unidad nacional.
Al momento de escribirse estas líneas el Ejército Argentino ha presentado a la Cámara de General Roca un Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los argentinos deseamos que se haga justicia y que la misma impere. De lo contrario el pueblo -único soberano- deberá aplicar la ley por cuenta propia cumpliendo con el mandato de la Constitución en su artículo 21.
¿Ningún pueblo se suicida?
