Por Juan José Postararo @jotaposta
Desde la llegada al poder el Gobierno de Mauricio Macri inauguró una forma de tomar decisiones basada en lo que coloquialmente podemos llamar “prueba y error”. Cuando la medida generó cierto repudio en la opinión pública no tuvo pudor en retrotraerse. Vale aclarar que aquella posibilidad de emendar el “error” contenía cierto aval en sus inicios al entenderlo como una nueva modalidad política de “poder remediar y no morir en la terquedad”.
El primero que se recuerda es el nombramiento de dos jueces -Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz- de la Corte Suprema por decreto y salteando al Congreso. El caso iba a ser denunciado por su inconstitucionalidad, pero el Gobierno dio marcha atrás a tiempo y los pliegos después fueron aprobados.
Algo similar ocurrió con el aumento de tarifas anunciado en enero del 2016. Fue presentado el incremento de la luz y el gas, antes de ser tratado en audiencias públicas como establece la ley. Desde el Gobierno aventuraron que el porcentaje «fue poco escalonado». Tras la presentación de múltiples amparos, la Corte los obligó a que hagan las audiencias y el Gobierno tuvo que reconocer el error.
Ya más acá en el tiempo, aparece uno de los últimos grandes retrocesos de la gestión Macri: la disposición del cambio de los feriados del 24 de marzo y el 2 de abril. Desde el sillón de Rivadavia se los había decretado como móviles, con el supuesto fin de mejorar el turismo, pero las críticas de los organismos de derechos humanos hicieron dar marcha atrás con la medida.
Parecen demasiados “errores involuntarios” si se tiene en cuenta el poco tiempo de gestión. Resulta curioso que un equipo que tiene a Julio Duran Barba detrás, orquestando cada paso, cada latiguillo en la campaña, incluso guionando hasta el beso final del debate entre Macri y su esposa, no recaiga, ya con el poder en las manos, en estos groseros yerros y los anticipe, los prevenga. ¿Cuántos actos fallidos pueden ser permitidos como “involuntarios” sin caer en el pensamiento de que son adrede? ¿Hasta qué punto puede llegar a entenderse a los mismos como “errores” y no estrategias elaboradas que salieron mal? ¿Cuál es el límite en los que estas “pruebas y error” dejan de tener licencias y pasen a ser falencias a la hora de gobernar?
La matriz oficialista a la hora de defender estas posturas fue, en todos los casos, la argumentación de que la intención era recalcular, redistribuir, controlar, reorganizar la situación afectada, pero acaso ¿Pueden perdonarse, por más valerosas que sean las metas finales, las formas que se utilizan para ejecutar la acción?
Sin dudas el paso más en falso que dio el Gobierno se sucedió en los días pasados, con la quita masiva de pensiones a miles de Discapacitados. Una vez más, con la reacción a flor de piel de los damnificados y la sociedad en su conjunto, la medida se paró en seco.
A modo de defensa Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley intentó justificar el nuevo tropiezo con la poca feliz frase de que «una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión, Puede trabajar si lo deseara».
Resonaron otra vez las palabras “reacondicionamiento”, “revisión”, “reorganización” pero como en todo este tiempo de gestión esos términos llegaron tarde. Aparecieron detrás de la medida. El intento de explicación precedió a la acción y ese es el problema fundamental.
Es complejo y singular describir lo que vive una familia que tiene a su cargo una persona con discapacidad. Se torna difícil trasladar al papel las horas de angustia, de maltratos, de impotencia, de poca solidaridad, de burocracia absurda con la que se lidia en lo cotidiano cuando se tiene la responsabilidad de cuidar a alguien que sufre alguna enfermedad y/o trastorno. Carece el diccionario de adjetivos acompañar la descripción de los pesares que se sufre en determinadas situaciones, de lo “cuesta arriba” que parece todo el camino en algún momento. Es por eso que se deduce como absurdo el tratar de que esa persona entienda la quita de lo que en definitiva es un derecho que tiene. Es inadmisible dejar en desamparo a ese ciudadano, más allá de la promesa de “devolver” el dinero si se comprueba su condición de tal. Rozando lo inhumano en lugar de chequear una por una las (supuestas) irregularidades optaron primero por cortar las ayudas y después ver qué pasa en cada caso. Nunca se pensó en el “mientras tanto” de ese argentino afectado. Es primordial tarea del estado velar por el bienestar socioeconómico y de salud de todas las personas, principalmente aquellas que padecen cualquier tipo de incapacidad.
La insensibilidad que aflora a la hora de ver el accionar en algunos casos del actual gobiernos es, cuanto menos, alarmante. Porque se puede entender la idea final de tener mejor control de los recursos que brinda el Estado, a los efectos de una mejor redistribución de los mismos. Pero lejos, muy lejos, queda aquella premisa cuando se examina la forma de ponerla en práctica. Aparece entonces una incapacidad terrible: la de las formas. Este gobierno es incapaz de comprender las formas de dar un mensaje y transmitir una directiva. Queda más que en evidencia que carece de todo tacto y cintura política para ejecutar acciones que rozan la sensibilidad social.
Serán las próximas Legislativas la prueba de fuego de Macri & Compañía para detectar si su ineficacia en la comunicación (aquella que fue tan efectiva en la previa) sigue siendo tomada por el conjunto de los argentinos como “errores involuntarios” o si por el contrario, son vistas como el accionar real de alguien que fingió ser otro en la campaña. Tendrá el pueblo el poder de decidir si estas equivocaciones y sus “arrepentimientos” provienen de la buena fe y de la inexperiencia, o son el resultante de una estrategia planeada, elaborada y ejecutada, que no salió como se quería.