Por Margarita Stolbizer
El Consejo de la Magistratura resolvió suspender al camarista Eduardo Freiler y someterlo al juicio político por el mal desempeño en el ejercicio de sus funciones.
Es una decisión tan urgente como necesaria para demostrar que podemos iniciar un proceso de saneamiento de las instituciones y que no se admitirán dentro de la justicia a los personeros de la impunidad de los corruptos. Ese ha sido el papel que ha cumplido Freiler durante todos estos años: responder fielmente a los deseos de la Sra. de Kirchner frenando -en cuanto le fuera posible- las investigaciones por los delitos cometidos por funcionarios contra la administración pública durante el gobierno anterior.
Entre otras decisiones reprochables, Freiler removió y sancionó a Bonadío durante su actuación en la causa Hotesur, lo que consiguió paralizar esas actuaciones durante un año.
Pero, sin duda. el detonante para que el Consejo tomara esta decisión ha sido la ostentosa vida del magistrado que no ha podido explicar la desproporción y enormidad de sus gastos por sobre sus ingresos, los «olvidos» en su declaración jurada y la evolución de su patrimonio, imposible de justificar.
En dos oportunidades recusé al magistrado en las causas que promuevo para que se investigue la corrupción.
La primera fue en ocasión del parentesco y amistad entre el camarista y Patricio Ricardo Pereyra Arandia, ex director de Hotesur y actual apoderado de Idea SA, dos de las sociedades investigadas. Ese vínculo trabado a partir de la familia y la casa de los Kirchner que ambos frecuentaban, sin embargo, no impidió que Freiler actuara sin excusarse en muchas de las causas en las que estaba investigado Pereyra Arandia.
La última, hace pocos días, en razón de declaraciones periodísticas de Freiler que afirmó que «El Presidente presiona a la Justicia para meter presa a Cristina” Y agregó que «Existe mucha presión y hay algunos jueces que quieren meter presa a Cristina durante la campaña».
La decisión del Consejo de la Magistratura será un respiro frente al peso de Freiler para garantizar impunidad a los delitos de corrupción cometidos durante el último gobierno. Y también será al mismo tiempo un incentivo para una mejor administración de justicia por la amenaza que cae sobre aquellos que de manera criminal desvían sus conductas y dejan de cumplir con la trascendente misión de hacer justicia y hacer cumplir la ley.