Oscar Parrilli: «Creo que podríamos avanzar en una nueva ley de medios»

El senador nacional Oscar Parrilli (FdT-Neuquén) aseveró que el actual gobierno podría «pensar» en impulsar una nueva ley de medios de comunicación.

“Tenemos una ley de medios que fue derogada por decreto. Fue declarada constitucional (en 2013) y después se encargaron de no permitir su aplicación. Incluso, motivó denuncias penales de Clarín por aplicar la ley» manifestó.

Vale recordar que apenas asumió como presidente en 2015, Mauricio Macri, derogó parcialmente a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) las leyes de medios y Argentina Digital y disolvió las autoridades federales de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca) y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Aftic) para unificarlas en el nuevo Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Ese DNU firmado por Macri fue ratificado por el Congreso en abril de 2016, después de un extenso debate la Cámara de Diputados.

En esta línea, Parrilli, declaró que no tiene «dudas» de que se podría pensar en una nueva ley de medios y volvió a apuntar contra el Grupo Clarín. «Esta es la pelea y la discusión. Son los modelos de país que están en disputa», afirmó. «Y la manera que tenemos de resolverla es democráticamente. Por lo menos tenemos la contundencia de que en la última elección hemos tenido un triunfo aplastante», agregó en diálogo con las radios AM990 y El Destape.

«Organismos paralelos de inteligencia»

En otro orden, el Senador, afirmó que durante la administración de Mauricio Macri «se crearon organismos paralelos de inteligencia» y responsabilizó en ese sentido al ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y al camarista Martín Irurzun.

«Estaba la AFI que manejaban Arribas y Macri, y el que manejaba Lorenzetti e Irurzun, y allí elegían qué causas se investigaban», sostuvo Parrilli.

El funcionario oficalista, quien integra la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia, recordó que la semana pasada esta comisión «le entregó a la Vicepresidenta (Cristina Fernández) y al diputado (Sergio) Massa un informe que da cuentas del manejo que tenía la oficina de escuchas telefónicas, que Macri traspasó de la procuradora a la Corte».

En tanto, al referirse al segundo pedido de juicio político que presentó contra el fiscal Carlos Stornelli, recordó que «tiene un procesamiento confirmado por la Cámara», acusado de extorsiones y espionaje ilegal, y consideró que «lo que está claro es que Stornelli ha incumplido sus obligaciones de fiscal».

«Además -continuó- de que estuvo ocho meses prófugo, y el procurador Casal lo protegió», agregó.

Por último, concluyó que «hay una actitud del macrismo de conservar a jueces amigos», tras lo cual nombró a los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, y Martín Irurzun, al fiscal Carlos Stornelli, y al Procurador Eduardo Casal.

«Es para que los protejan en los más de cien casos que se están investigando por corrupción que cometieron durante sus cuatro años de Gobierno», advirtió Parrilli.

En otro orden, el senador neuquino refirió a la situación judicial del exvicepresidente Amado Boudou y al respecto se mostró partidario de entablar «apelaciones a nivel internacional». «Habría que buscar la manera de que este fallo sea revisado», subrayó.

Parrilli también cuestionó a la Corte Suprema, que a principios de diciembre pasado rechazó un recurso de queja interpuesto por la defensa del exvicepresidente basándose en el artículo 280 del Código Civil y Comercial, que permite denegar un recurso sin fundar ni dar explicaciones.

Con esa decisión del máximo tribunal no accedió a revisar las irregularidades del expediente denunciadas por la defensa, por lo que quedaron firmes las condenas del caso de la imprenta Ciccone Calcográfica, entre ellas la de Boudou.

«Esta Corte, lo que ha dejado es esto, un fallo arbitrario que se ha convertido en el ejemplo de la mayor arbitrariedad», criticó Parrilli.

Según el legislador del Frente de Todos, el fallo contra el exvicepresidente en el caso Ciccone «tiene que ser revisado».

«El caso de Boudou es la expresión de lo que ha sido el lawfare. Y la Corte tiene una gran responsabilidad en esto», remarcó.

El ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Raúl Zaffaroni -al hacer una defensa de Boudou- aseguró -entre otros conceptos- que «la solución inmediata es el indulto» y que, «si no, van a seguir los presos políticos».

«Indultar es reconocer que Boudou fue bien condenado y esta es una condena absolutamente irregular», se diferenció Parrilli en este punto.

El Destino de las Causas de Espionaje

La definición sobre el destino final de la investigación por espionaje ilegal desde la AFI en el macrismo quedó para febrero, tras un fin de año en el que la defensa del acusado extitular del organismo, Gustavo Arribas, buscó acelerar una respuesta por parte de la Cámara Federal de Casación.

En el intento por lograr el pase de la causa central por asociación ilícita y espionaje ilegal que tramita el juez de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé a los tribunales de Comodoro Py 2002, los abogados de Arribas presentaron una batería de recursos ante el máximo tribunal federal del país, a contrarreloj con el inicio de la feria judicial de enero.

Los jueces resolvieron enviar los incidentes que tenían de la causa a sus colegas de la sala IV de ese Tribunal, porque entendieron que allí ya se tomaron decisiones en otro planteo conexo hecho por el exsecretario privado de Mauricio Macri, Darío Nieto.

Sin embargo, los camaristas no accedieron a un pedido de Arribas para habilitar la feria judicial de enero y seguir con el trámite que busca que la investigación pase de Lomas de Zamora al fuero federal porteño.

Con esta decisión, quedó para febrero la potestad de la sala IV de Casación de aceptar o no esta inhibitoria y en caso positivo, resolver finalmente si la causa por espionaje ilegal que tramita en el juzgado federal de Lomas de Zamora se queda allí o pasa al de María Eugenia Capuchetti, en Comodoro Py.

Esto último pretende Arribas, imputado e indagado junto a su exsegunda en la AFI Silvia Majdalani y exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia.

Ambos ya están con procesamiento confirmado en lo relativo al espionaje ilegal a la expresidenta Cristina Kirchner, querellante en el caso, y al Instituto Patria.

Además, el juez Auge los indagó y debe resolver sus situaciones procesales en la parte que investiga el espionaje ilegal a dirigentes políticos, funcionarios, referentes sociales, empresarios y periodistas, entre otras víctimas.

Desde febrero, la decisión sobre el futuro de la causa por espionaje ilegal a referentes sociales, funcionarios, políticos, periodistas, entre otras víctimas, quedará en manos de Borinsky, Carbajo y otra jueza, Angela Ledesma, porque Hornos asumirá como presidente de Casación.

Paralelamente y también al inicio de la feria judicial de enero, el tribunal de apelaciones intermedio de Comodoro Py, la Cámara Federal porteña, accedió a un planteo de Arribas y ordenó al juez Ariel Lijo pedir a su colega de Dolores, Alejo Ramos Padilla, que le envíe otra causa por espionaje ilegal.

Se trata de la que investiga el funcionamiento de bases de la AFI en la provincia de Buenos Aires desde donde se hicieron tareas de inteligencia prohibidas a referentes y organizaciones sociales y políticas. En esta pesquisa también están acusados Arribas y Majdalani.