El diputado nacional salteño del Partido Obrero Pablo López, quien preside el Bloque FIT, denunció que la ley impulsada por el oficialismo de Responsabilidad Penal Empresarial es “el régimen legal que necesita el gobierno para llegar a un acuerdo de impunidad con el máximo coimero de Latinoamérica, como es Odebrecht”.
“Es que el pulpo brasilero ha ofrecido el pago de una ‘multa’, equivalente a los sobornos desembolsados, para garantizar la continuidad de sus negocios y de las empresas asociadas, muchas de las cuales están vinculadas al propio Macri”, explicó López. “Y el gobierno se lo ha concedido a través de esta ley”, siguió, “donde en sus artículos 5 y 11 se fija que la colaboración de la empresa corrupta delatando, por ejemplo, a un funcionario propio o del Estado puede incluir el levantamiento de toda sanción contra la empresa y hasta la extinción de la causa penal”, señaló López, quien comparte banca con la diputada mendocina Soledad Sosa.
“El Lava Jato brasilero ha estallado con toda su fuerza en Argentina y ha revelado hasta qué punto quienes gobiernan o gobernaron el país, desde los De Vido pasando por los Schiaretti, los Urtubey hasta los Macri, saquearon al presupuesto público en favor de los intereses de los grandes grupos empresarios”. Y remató: “La sola tentativa de poner en marcha este acuerdo escandaloso demuestra que el ‘republicanismo’ termina donde empiezan los intereses capitalistas”.
Al final, el diputado salteño planteó que el caso Odebrecht “debería dar lugar a una revisión completa de la obra pública” y reclamó la “publicidad de toda la información sobre el Lava Jato en Argentina, la anulación de todas las licitaciones adjudicadas al pulpo y una investigación integral a manos de una auditoría independiente de los gobiernos y camarillas judiciales que protegen a los Odebrecht”. Al mismo tiempo exigió “que se continúen las obras bajo control de los trabajadores”.