La iniciativa propone la creación de delegaciones bajo la supervisión de la Corte Suprema de Justicia para enfrentar delitos complejos.
“Queremos ir a fondo y frenar en serio el avance del narcotráfico”, sintetizó la senadora nacional Silvia Elías de Pérez, en relación al proyecto de ley que presentó en la Cámara Alta con el objeto de crear delegaciones regionales de la Dirección de Captación de Comunicaciones, en las jurisdicciones donde funcionan las Cámaras Federales de Apelación.
Las oficinas estarán bajo la supervisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y entre sus funciones se establece recibir los pedidos de los jueces que lleven adelante investigación por causas de terrorismo, narcotráfico y secuestro extorsivo, y denunciar ante el juez competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones, constituyan delitos. Las escuchas telefónicas sólo podrán realizarse con la previa autorización del juez.
La parlamentaria tucumana manifestó que “la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, los secuestros extorsivos y la trata de personas deben ser combatidos con tecnología y profesionales especializados, porque nuestro país hace mucho dejó de ser un territorio de paso”.
“Todos sabemos la penosa situación que atraviesa el norte argentino respecto al avance del narcotráfico, necesitamos herramientas más efectivas para combatir este flagelo; por eso es vital que la captación de comunicaciones sea más rápida y esté a disposición de la justicia”, enfatizó la vicepresidente de la UCR.
En esta línea, el proyecto estipula que las empresas telefónicas pongan a disposición las bases de datos y toda la tecnología actualizada —incluyendo las tecnologías GPS, de geo-localización, y las que en futuro se creen— con el fin de profundizar las pesquisas.
No obstante, Elías de Pérez aclaró que todas las captaciones deben hacerse en el marco de un sistema de control, con el máximo respeto de la libertad y privacidad, y la reserva absoluta de la información, por lo que es necesario dotarlo de altos estándares de seguridad, calidad y transparencia, para que no afecte derechos fundamentales.