El presidente del gobierno español está próximo a alcanzar la coalición parlamentaria que le permitiría mantenerse en el poder, pese a que su partido no fuera el más votado.
Hay que reconocer que, independientemente de las valoraciones acerca del modo en que lo consigue, Pedro Sánchez finalmente alcanza lo que se propone. Llegó al poder en 2018 utilizando hábilmente los medios que el sistema parlamentario de gobierno puso a su alcance y, cinco años más tarde, aprovechando esos mismos medios y haciendo concesiones peligrosas, parece estar muy cerca de retener el poder. Eso en circunstancias increíbles dado que su agrupación, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), perdió este mismo año las elecciones municipales y autonómicas (mayo) y también -aunque por escaso margen- las elecciones generales (julio). No se trata de un líder convocante de grandes mayorías, pero si de un hábil articulador de alianzas parlamentarias y de estrategias electorales.
Polémico acuerdo
En julio pasado, el conservador Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, ganó las elecciones y obtuvo 137 bancas parlamentarias. Sin embargo, ninguno de los partidos políticos logró la mayoría de votos necesaria para formar gobierno. El sistema parlamentario español exige el voto favorable de una mayoría absoluta de 176 de los 350 diputados en un primer intento y, en el segundo, alcanzar la mayoría simple, es decir, más aceptaciones que rechazos. Núñez Feijóo no logró ni una cosa ni la otra. En otras palabras, no reunió el apoyo necesario de otros partidos con los cuales, por distintas razones, no pudo, no supo o no quiso negociar.
Tras los intentos fallidos y, tal como lo establece la Constitución, el Rey Felipe VI le encargó la formación de un gobierno al presidente saliente, Pedro Sánchez, cuyo partido político había salido segundo en la compulsa electoral nacional, pero que disponía de una red de pequeños y variados partidos políticos aliados. Era la oportunidad que Sánchez esperaba.
Fue en este contexto que, para asegurar una coalición que le diera la cantidad suficiente de bancas parlamentarias para formar un nuevo gobierno, Pedro Sánchez hizo un polémico acuerdo con el partido independentista catalán Junts per Catalunya. Se trata del partido político que impulsó y realizó el referéndum para lograr la separación de Cataluña del resto de España en 2017. Ese referéndum independentista había sido previamente declarado ilegal y había sido ordenada su suspensión por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, fue realizado de todas maneras y el entonces gobierno catalán, encabezado por quien era entonces su presidente, Carles Puigdemont, consideró los resultados como legítimos y declaró de modo unilateral la independencia de Cataluña. Se generó así un conflicto que adquirió características violentas, con manifestaciones, represión y la condena judicial para varios líderes políticos entre otras personas que participaron del proceso. Puigdemont huyó a Bélgica para evitar ser enviado a prisión.
El acuerdo anunciado el último jueves es polémico porque incluye la amnistía para los independentistas, algo que es fuente de severas discrepancias y de una gran controversia en España dado que, para numerosos líderes políticos se trata, ni más ni menos, que del fin del Estado de Derecho. Expresado de otra forma: si se amnistía a quienes actuaron contra la Constitución y contra los dictámenes del Poder Judicial por una conveniencia política circunstancial ¿qué valor real adquiere el Estado de Derecho? El precedente que deja asentado es como mínimo peligroso, no solamente en España, sino en Europa y en el mundo.
El dato que revela que este acuerdo hecho de espaldas a la ciudadanía, es producto de la búsqueda de poder de Sánchez y no de una genuina vocación por confraternizar, es que el mismo Sánchez se había opuesto a una amnistía hasta las elecciones del pasado 23 de julio.
Sumar bancas y construir poder a cualquier precio
El líder socialista intenta repetir lo que se denominó “bloque de investidura”, una coalición heterogénea de partidos de izquierda, nacionalistas e independentistas, que le permitió afincarse en el poder en 2020.
Sánchez ya se había asegurado el apoyo del grupo de izquierda Sumar, los independentistas vascos y los independentistas catalanes de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), pero aun así le faltaban votos que, tras el acuerdo alcanzado, le proporcionará Junts per Catalunya.
El acuerdo contempla varios aspectos, entre los que sobresale el compromiso de Sánchez de sancionar una ley de amnistía para políticos, líderes catalanes y ciudadanía que estuvieran implicados en el proceso independentista catalán. Pero hay más, porque también incluye la participación de Cataluña de modo directo en las instituciones europeas y otros organismos y entidades internacionales.
A cambio, Pedro Sánchez logrará lo que buscaba: formar un gobierno que él mismo presidirá, apoyado por todas las bancas de Junts y el compromiso de ese sector de brindarle estabilidad a la coalición parlamentaria que sostendrá al poder ejecutivo.
Este último aspecto, queda sin embargo sujeto al avance y al cumplimiento de otros acuerdos que resultarán de negociaciones en progreso entre ambos partidos políticos respecto de dos temas candentes. El primero es la intención de Junts de realizar un nuevo referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña, ahora bajo el amparo de la Constitución. El segundo, es una propuesta de Junts de excepción fiscal para Cataluña que le permita a esa comunidad autónoma retener el 100 por ciento de lo recaudado en impuestos en su territorio, entre otras medidas económicas.
Lo que viene
El acuerdo con los independentistas catalanes permitirá a Pedro Sánchez reunir los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para formar gobierno y, por lo tanto, para ser investido presidente. En los próximos días debería producirse la sesión parlamentaria mediante la cual ambas cosas se concretarán.
Sin embargo, el escenario político español está lejos de serenarse. El acuerdo que permitirá la amnistía ha generado duras críticas por parte del PP, cuyo líder Alberto Núñez Feijóo, verá de momento frustrada su posibilidad de gobernar España. Pese a ello, Núñez Feijóo quizás acierta al no transigir con los valores que siempre sostuvo. Para el líder conservador era más decoroso convocar a nuevas elecciones y evitar una amnistía que termina por dejar el sabor amargo de que la Constitución es pasible de ser vulnerada.
También entre la propia tropa hay disidencias. Integrantes históricos del PSOE son críticos de la riesgosa jugada de Sánchez. Tal es el caso del expresidente Felipe González, quien ha repetido que sería mejor celebrar nuevas elecciones.
Si la maniobra se concreta exitosamente, habrá dos grandes ganadores. Pedro Sánchez habrá logrado su objetivo de conservar el poder aunque el costo podría ser altísimo para él y también para España. Carles Puigdemont por su parte, ganaría más aún que Sánchez. Vendió caro el apoyo de Junts, dado que podría retornar a Cataluña sin sufrir consecuencias por obviar la Constitución y con varias promesas de prosperidad económica bajo el brazo. Y todavía más, tendría la llave de la estabilidad del nuevo gobierno.
Existe de todas maneras la posibilidad remota de que no se logre la investidura antes del 27 de noviembre. En ese caso, españolas y españoles tendrán que volver a las urnas en enero.
Mientras tanto, en todo el país hay convocadas manifestaciones contra el acuerdo de Sánchez.
Mariano Yakimavicius es Licenciado y Profesor en Ciencias Políticas
