Pensión universal – Por Dr. Christian Hernan Gonzalez D´Alessandro*

Unos de los puntos centrales y no menores del proyecto de ley que pretende impulsar el gobierno de Mauricio Macri respecto de los adultos mayores en el programa de “Reparación Histórica”, que entró el 31 de mayo en la Cámara de Diputados de la Nación, es el de la creación de una pensión universal a la vejez que terminará precarizando el derecho de este grupo etario.

La pensión universal, que hoy está siendo debatida en el Congreso, es el único anuncio propició Macri en su campaña en pos a la protección y derechos de los adultos mayores. Cuando otros candidatos hablaban del 82 por ciento móvil para los jubilados o la ampliación de la moratoria previsional, el entonces candidato a presidente por Cambiemos publicó en su plataforma política la creación de “un ingreso ciudadano para la vejez, que asegure un piso de ingresos a todos los adultos mayores” y eso ahora es lo que, ni más ni menos, está cumpliendo.

¿Pero que entraña el proyecto de pensión universal? ¿Asegura ese piso de ingreso suficiente? La respuesta es dudosa y en principio esta medida lejos de sumar, parecería que resta ¿Por qué? Porqué lo que hace es que, en vez de otorgar derechos, se conciba más asistencialismo.

En cuanto a los puntos más cuestionables de esta medida es que se modifica la edad de acceso en la mujer, ya que la eleva y equipara a los 65 tanto para el hombre como para éstas. Si se quiere decir en otros términos, la aumenta en relación al acceso del derecho jubilatorio.

Además, incompatibiliza la percepción de aquella con cualquier otro beneficio previsional y le quita la compatibilidad con el acceso a la pensión por fallecimiento, otorgando un haber equivalente al 80 por ciento del ingreso mínimo de una jubilación (hoy 3967 pesos).

Por otra parte, la pensión universal anunciada como algo que viene a dar solución definitiva a la inclusión de las personas mayores, y que “debe ser considerado como un primer paso en un circulo virtuoso de desarrollo que colabore como una vía que contribuya a la salida de la pobreza y la desigualdad” tal como se anuncia en los fundamentos del proyecto de ley, tiene un punto contradictorio: no será tan definitiva. El proyecto contempla su creación sólo por un plazo de tres años o hasta que se discuta una reforma al sistema previsional argentino. “Lo que ocurriere primero”, dice la disposición.

Esto es totalmente contradictorio ya que una de las cuestiones que se le endilga a la anterior gestión es que las jubilaciones por moratoria, o conocidas como de “amas de casa”, generaba parches a discrecionalidad de un funcionario de turno. Esto, tal cual fue presentado, es en mi opinión lo mismo: resta derechos y genera una solución precaria a la atención de esta franja social a veces muy vulnerada.

Según los datos estadísticos de la ANSeS, el 78,2 por ciento de los hogares de jubilados perciben más de un haber mínimo, esto es porque en una misma persona puede tenerse concentrado la jubilación (por moratoria o no) y la pensión por fallecimiento al mismo tiempo.

Con la implementación de esta nueva medida, y al prohibir la compatibilidad de percepción de los beneficios, los adultos mayores se tendrán que conformar con sólo un haber que será el que más le convenga ¿Si esto no es restar derechos?

Si se pretende hablar de una pensión universal, ésta debería ser complementaria con cualquier otro beneficio previsional; con ello se amalgamaría los costos de la dependencia que padecen las personas añosas y de la que el Estado no debe apartarse en sus objetivos.

En otro sentido, y por último, el haber que se pretende dar a quienes obtengan esta protección es mucho menos que una jubilación mínima. Recordemos que la Defensoría del Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, en el mes de marzo, anunció que la canasta básica de alimento para este colectivo social ronda en los 11.031 pesos, sin incluir las fuertes subas que se dieron a la fecha y que más impactan en el bolsillo del adulto mayor. Con este paupérrimo ingreso una persona de edad no puede vivir bajo ningún concepto, por lo que deberemos pensar como sociedad en como otorgar más derechos y menos asistencialismo.

*Dr. Christian Hernan Gonzalez D´Alessandro.

Director del Instituto de Personas Mayores y Políticas Gerontológicas del Colegio de Abogados de Morón.