22 de noviembre de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Piden investigar el vínculo de la vecina de Cristina con Revolución Federal

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió que se investigue si la vecina de la vicepresidenta de la Nación, Ximena Tezanos Pinto, junto a otro grupo de personas, formaron parte de la organización Revolución Federal y participaron en la realización de un delito o tuvieron una conducta penalmente reprochable. De esta manera, el magistrado requirió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que realice «un análisis con relación a los informes elaborados por aquella fuerza a su cargo, videos, imágenes y conversaciones mantenidas a través de medios digitales«.

Se trata de la investigación que involucra a Ailén Cintia Vallero, Nataly Balboa, Diego Ariel Balboa, María Isabel Said, “Dalila”, quien habría viajado a la provincia de Entre Ríos junto con Jonathan Morel al tiempo en que aquel fuera detenido en el mes de octubre del año pasado, Cristina Luján Romero, Natanael Reinstein Menin, Franco Castello y Ximena Tezanos Pinto.

La finalidad de esta solicitud es conocer si las personas mencionadas tuvieron “participación en la cronología de eventos que la Fiscalía destacó en el dictamen de fecha 18 de octubre de 2022«. Asimismo, el juez Martínez de Giorgi está a cargo de la causa en la que se investiga el accionar de Revolución Federal, en torno a amenazas y mensajes violentos difundidos en redes sociales.

En mencionada causa está la información que en su momento aportó la AFI a la Justicia federal y que incluye audios intercambiados durante una transmisión en vivo realizada el 26 de agosto de 2022 por el grupo Revolución Federal a través de la plataforma Twitter Space que fue convocada bajo el título «¿Hay que pudrirla?«. La conversación aportada al expediente cuenta con la participación de dos integrantes de esa organización, Jonathan Ezequiel Morel, de 23 años, y Franco Ezequiel Castelli, de 26 años.

En tanto, en uno de los audios desgrabados que forman parte de aquella presentación se menciona la posibilidad de que alguien se infiltre entre los simpatizantes de Cristina Fernández de Kirchner para hacerla «pasar a la historia«, en referencia a la intención de cometer un magnicidio, algo que efectivamente se intentaría menos de una semana más tarde, el 1 de septiembre, en las inmediaciones de su vivienda en el barrio porteño de Recoleta.