El proyecto de ley de VIH, Hepatitis Virales, Tuberculosis e ITS que fue impulsado y redactado por las organizaciones de la sociedad civil obtuvo dictamen y este jueves fue debatido en la Cámara de Diputados obteniendo media sanción. La aprobación se alcanzó por 241 votos a favor, 8 negativos y ninguna abstención.
La Cámara de Diputados dio media sanción este jueves al proyecto que deroga la Ley 23.798 y busca establecer el interés público en relación a la respuesta integral e intersectorial para el abordaje por infección por VIH, hepatitis virales y otras infecciones de transmisión sexual (ITS), como también la tuberculosis (TBC).
La presidente de la Comisión de Salud, Mónica Fein agradeció a los legisladores que en otros momentos de esa comisión trataron esa propuesta que ingresó al Congreso en 2016, incluso llegaron a darle dictamen, hasta que finalmente ahora llegó al recinto. En este sentido agradeció especialmente a “las organizaciones sociales que pusieron en agenda esta ley que permite actualizar la Ley 23.798, que fue muy importante allá por 1990, pero que 30 años después es necesario modificar”.
Al respecto señaló: “Hablar de VIH sida es hablar de una pandemia que se ha extendido por más de 40 años, que no siempre ha estado en el debate público, y ha costado 36 millones de vidas” y resaltó que “hay más de 37 millones en todo el mundo. 140 mil personas viven en Argentina con VIH, a las que se suman cada año 4.500 personas que contraen la infección por VIH”.
La legisladora socialista manifestó que “esta pandemia ha estado marcada por otro tema fundamental: el estigma y la discriminación de aquellos que enfrentan esta enfermedad” y sostuvo que el proyecto “es una herramienta que viene a dar una mirada integral para avanzar en este camino. Reducir la desigualdad es dar prioridad a personas que aun hoy no tienen acceso a los servicios. Esta ley plantea un abordaje integral e intersectorial en la atención primaria de la salud, garantizando la atención combinada para la reducción de riesgos y daños; con mecanismos claros para la participación de poblaciones clave en el monitoreo de políticas”.
Asimismo, la ex intendente de Rosario, destacó que “la norma garantiza derechos laborales sin discriminación, ni despido, ni suspensiones, ni hostigamientos. Prohíbe además las pruebas de diagnóstico compulsivos en exámenes preocupacionales y garantiza un derecho humano con perspectiva de género, y viene a saldar una deuda histórica con estas poblaciones que viven con VIH. Con esta aprobación estamos cumpliendo con un deber moral y ético y contribuyendo a una sociedad con más igualdad y derechos”.
En el debate la siguió el vicepresidente 1° de la comisión, Daniel Gollan, quien irónicamente manifestó luego de las discusiones sobre la boleta única: “Parece como que una ley que puede salvar potencialmente 13 vidas por día, quizá no es tan importante. Va para todos. Este tipo de leyes son las que veníamos con mucho entusiasmo a discutir aquí, porque hemos trabajado de manera armónica entre todos los bloques”. Y subrayó: “es la ley más importante que vamos a tratar hoy”.
En torno a las dudas sobre el impacto de la aplicación de esa norma en el sistema previsional, expresó que “es ínfimo, y le estamos dando respuesta a sectores que aún no pueden acceder a una vida digna. Se habla de unas 50 jubilaciones anuales, y mil pensiones, con lo cual le resolvemos la vida a estas personas. Por eso me parece que poner en tela de juicio esto no tiene ningún sentido”.
A la hora del diputado de la Coalición Cívica Rubén Manzi expresó que “la historia de la humanidad está plagada de enfermedades malditas, y en ese sentido en las últimas décadas ese rol de enfermedad maldita lo tiene el sida, que evidentemente despierta en muchos fantasmas atávicos que tienen que ver con ideas fundadas en el miedo y el posible castigo divino”. En este contexto opinó: “Creo que todos los miembros de la Comisión de Salud estamos convencidos de que es una ley buena, que puede ser perfectible”.
Sobre el artículo 1°, refirió que éste “define un universo de enfermedades infecciosa crónicas de transmisión interhumanas, pero a su juicio eso deja fuera algunas enfermedades que también merecen ser amparadas y atendidas por nosotros”. En este sentido señaló “el caso de otra enfermedad maldita histórica, la lepra crónica. Entiendo que este proyecto se estructuró en torno al sida, pero hoy el criterio se amplió y pido eso se respete. Así como se sumó a la tuberculosis, debe sumarse la lepra y alguna otra enfermedad homologable a esta situación”.
Enfatizó entonces en el artículo 8, que habla de la prohibición de pedir pruebas diagnósticas prelaborales. Al respecto pidió hacer alguna excepción: “hay actividades, sobre todo que tienen que ver con el ámbito de la salud, donde fácilmente se puede poner en contacto el torrente sanguíneo del trabajador con la sangre del paciente al que se está asistiendo”. En torno al artículo 9°, dijo que “quedaron zanjadas las dudas pues el oficialismo aceptó que la prueba de tuberculosis no sea excluida en el prelaboral, por lo que significa para riesgos hacia los compañeros de trabajo”.
Y destacó que “es una inequidad establecer un régimen especial jubilatorio por ese tipo de enfermedades, cuando hay otras enfermedades que tienen similares características y no son alcanzadas por el beneficio”.
La presentadora del proyecto, la entrerriana Ana Carolina Gaillard, recordó los “cuatro intentos de proyectos presentados; 9 años de trabajo. Se dictaminó en varias oportunidades y no logramos nunca legar al recinto”. En tal sentido aclaró que “la iniciativa no es de mi autoría, sino de las organizaciones de la sociedad civil. Este proyecto tiene un abordaje de la cuestión social, en el capítulo que tiene que ver con la jubilación y pensión no contributiva, porque las personas que sufren VIH se siguen muriendo de pobreza y por discriminación. Por eso necesitamos un Estado presente, que garantice que estos derechos sociales estén cubiertos, porque las personas que sufren VIH tienen un deterioro en el organismo y un envejecimiento precoz por el tratamiento que llevan durante años”.
Aprovechando este marco, la legisladora volvió a insistir en que “se necesita la jubilación especial porque el porcentaje más alto de personas que mueren con VIH está entre los 45 y 55 años. Necesitamos una jubilación especial porque la mayoría no tiene los aportes necesarios que se les exigen, por eso esta ley establece que se les pida 10 años de aporte y 50 años de edad. Necesitamos pensiones no contributivas porque de 7 personas con VIH en la provincia de Buenos Aires solo una tiene un empleo formal, con lo que esto conlleva: una dificultad para tener la cobertura médica necesaria”.
Asimismo, destacó que “el 67% de las personas que viven con VIH se atienden en el sistema público, mientras que el 65% de la población que no tiene VIH se atiende en el sistema privado. Además, el 17% de la población no sabe que tiene VIH; el 70% no sabe que tiene hepatitis y el 30% de los diagnosticados con VIH son tardíos. Esta es una ley que salva vidas; cuanto antes salga, menos van a morir con VIH”.
Por su parte, la ex ministro de salud de Tucumán, Rossana Chahla, enfatizó en “la importancia de la prevención primaria para poder desarrollar todas las estrategias que tengan que ver con la prevención primaria. La prevención primaria pasa a ser un estandarte en la salud pública”.
Su entonces colega jujeño, el legislador radical Gustavo Bouhid, manifestó “la necesidad de aumentar las pruebas diagnósticas, algo que no está previsto en la ley, para lo cual debería aumentar el número de centros de testeo. Tenemos que facilitarle a toda la población poder hacer los testeos, que tienen que ser voluntarios, no compulsivos”.
Destacó especialmente que “muchos pacientes dejan de hacer el tratamiento porque en la gran mayoría dependen del sistema de salud pública. Y en sus provincias van al hospital principal de la misma para atenderse, pero sobre todo los sectores más humildes terminan dejando los tratamientos. Por eso pedimos que la medicación llegue al lugar de residencia del paciente; es algo que podemos hacer y no tiene prácticamente costo”
Además criticó que el proyecto “no contemple hacer el seguimiento de porqué abandonan los pacientes el tratamiento, algo que muchas veces se debe a cuestiones sicológicas y la falta de contención de los equipos. Pensamos que no tiene que ser solo para esta enfermedad, hay muchas otras que producen envejecimiento prematuro y deberían tratarse aparte, lo mismo lo laboral, nadie debería quedarse sin trabajo por estar enfermo”.
La Ley
El proyecto deroga la actual Ley 23.798, que declaró de interés nacional la lucha contra el SIDA, y fue sancionada en el año 1990. Pero también, más allá del VIH, la nueva norma busca incorporar a las hepatitis virales, la tuberculosis y las infecciones de transmisión sexual (ITS). La misma prevé “la respuesta integral e intersectorial y la cobertura universal y gratuita de una asistencia integral -medicamentos, insumos, vacunas, tratamientos, etc-“. Por tanto “prohíbe la realización de la prueba diagnóstico en los exámenes médicos pre-ocupacionales, como así también durante el transcurso y como parte de la relación laboral».
«Tampoco podrá solicitarla ninguna institución educativa, pública o privada, como requisito de ingreso, permanencia, promoción o para el acceso a becas. La prueba diagnóstico será voluntaria, solo con consentimiento de la persona; gratuita en todos los subsistemas de salud; confidencial; universal; y realizada con el debido asesoramiento individual pre y post test”, expone.
Asimismo, la iniciativa establece una jubilación anticipada de carácter excepcional para las personas con VIH y/o hepatitis B y/o C, a la que se podrá acceder a partir de los 50 años, con acreditación de 20 años de aportes y 10 años de transcurrido el diagnóstico. “La jubilación resultará incompatible con quien tengan un trabajo en relación de dependencia”
También prevé la creación de una pensión de carácter vitalicio y no contributivo para quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad social mientras que plantea que toda mujer y/o persona con capacidad de gestar deberá recibir la información sanitaria necesaria, vinculada a su salud, como a la de su hijo/a, tanto en el embarazo como en el posparto.
Y destaca que “todo/a hijo/a nacido de mujer o persona con capacidad de gestar con VIH y/o Hepatitis B o C tendrá derecho a acceder de manera gratuita a la leche de fórmula durante los primeros 18 meses”.