El Grupo de Puebla confirmó que la actividad contra el lawfare que se iba a realizar el lunes 12 en Buenos Aires con la presencia del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios exmandatarios de la región se postergó para el próximo lunes 19, por el contagio de Covid-19 de la expresidenta, lo que generará algunas modificaciones de los participantes que asistirán a ese evento.
Desde la organización del Grupo Puebla, que es un foro político y académico de la izquierda y del progresismo de América Latina, el Caribe, España y Portugal, precisaron a Télam que la jornada en el Centro Cultural Kirchner (CCK) “se realizará una semana más tarde por el problema de salud de la Vicepresidenta”, pero tendrá el mismo objetivo de “cerrar filas para denunciar el lawfare contra Cristina Fernández”.
Fuentes cercanas a la Vicepresidenta informaron que Cristina Kirchner había “dado positivo en un test de Covid” y que “se encuentra en buen estado de salud en El Calafate”.
“Ayer por la tarde, la vicepresidenta llamó por teléfono y anunció que tenía fiebre alta. Luego se confirmó que era Covid-19 y decidimos postergar el evento”, contó a esta agencia uno de los encargados de organizar la jornada denominada “Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”.
Con la nueva fecha programada para el próximo lunes 19, habrá algunos cambios en la lista de los miembros que participen de la actividad debido a problemas de agenda, según adelantaron desde la organización, mientras que otros podrán venir a Buenos Aires y participar en forma presencial.
Al respecto, la vicepresidenta de España, Yolanda Díaz, que estaba prevista su participación porque está en un viaje oficial por la región, ahora no podrá asistir porque “ya tenía armada la gira con los tiempos justos”.
Otro de los que no podrán asistir debido a la postergación es el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, quien vendrá este lunes a Buenos Aires, pero no podrá quedarse una semana más por “problema de agenda”, ya que “tiene compromisos previamente asumidos”.
Asimismo, la postergación va a permitir que algunos expositores que iban a participar por videoconferencia, van a decir presente en el CCK, como es el caso de la exmandataria brasileña Dilma Rousseff; el juez español Baltazar Garzón; y la jurista brasileña y abogada defensora de Lula da Silva, Carol Proner.
También asistirán, según ya estaba previsto, los exmandatarios José Luis Rodríguez Zapatero (España); Evo Morales (Bolivia); Ernesto Samper (Colombia); y José ‘Pepe’ Mújica (Uruguay); entre otros.
Asimismo, contará con las asistencias del presidente del partido Morena de México, Mario Delgado, y la abogada del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia (Clajud), Gisele Ribocom.
En el caso del presidente electo brasileño Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva, detallaron que Lula no podía asistir porque el mismo lunes 12, la Justicia electoral de Brasil lo proclama ganador de los comicios, lo que es un paso formal camino a la asunción.
A pesar de la postergación, el mandatario brasileño tampoco asistiría, aunque días atrás le expresó al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que tenía la intención de realizar una gira por Argentina antes de 2023.
Además, también se reprogramó para el próximo lunes 19 la movilización bajo la consigna «Basta de la mafia judicial», que estaba prevista para este lunes frente al CCK.
“Queda todo igual, cada organización en su zona y horario, solo cambiamos de día (del lunes 12 pasa al lunes 19 de diciembre) debido al contagio de Covid de Cristina Fernández de Kirchner”, confirmaron a Télam voceros gremiales y de organizaciones sociales.
El cónclave, según informó en un comunicado el grupo que reúne a líderes y lideresas progresistas de Iberoamérica, será abierto por el Jefe de Estado Alberto Fernández y clausurado por su compañera de fórmula en las elecciones de 2019, Cristina Fernández.
Ambos compartirán la actividad tras la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal 2 contra Cristina Kirchner en la causa por la obra pública en Santa Cruz.
Sobre la reunión, el político chileno Marco Enríquez-Ominami, excandidato a presidente de Chile (para las elecciones de 2009-2013 y 2017) y uno de los líderes regionales fundadores del Grupo de Puebla, contó hoy en declaraciones radiales que “Alberto Fernández, atento a la actualidad, nos planteó la importancia de apoyar a la Vicepresidenta frente a lo que se veía como un problema y le pareció importante el Grupo de Puebla”.
En diálogo con Télam, Enríquez Ominami juzgó que la implementación del lawfare significa el “robo de la democracia” en la región y opinó que en la condena a la dos veces presidenta de la Nación evidencia un “procedimiento investigativo y acusatorio viciado”.
“Con Cristina Fernández de Kirchner es evidente que hay un problema de objetividad. Cualquier sistema acusatorio requiere de la objetividad, y al no haber objetividad todo el procedimiento investigativo y acusatorio está viciado. Eso ocurrió con Cristina”, evaluó Ominami sobre el proceso en la causa conocida como Vialidad.
En esa línea, sostuvo que en el expediente por la obra pública en Santa Cruz hubo “un problema elocuente de vicio procesal que invalida toda posibilidad de defenderse”, y agregó: “Los liderazgos no piden ni más, ni menos que cualquier vecino, el mismo derecho y la misma garantía procesal”.
El también exdiputado por el Partido Socialista analizó que la aplicación sistemática del lawfare en países de la región supone “la proscripción de un liderazgo transformador, pero, sobre todo, es el robo de la democracia, porque afecta las elecciones”.
La sentencia contra Fernández de Kirchner provocó la reacción de varios líderes de la región que salieron a expresar su solidarizaron con la expresidenta.
Así lo hicieron, entre otros, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador; de Bolivia, Luis Arce; y de Honduras, Xiomara Castro; entre otros.