Por la emergencia sanitaria en seis barrios porteños
La iniciativa del bloque Bien Común alcanza a Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Palermo, Coghlan, Núñez y Caballito y pretende limitar construcciones. Toma en cuenta informes de Aysa de 2007 que planeó la urgente renovación de cañerías.
El diputado Gustavo Vera presentó un proyecto para declarar por dos años la Emergencia Ambiental e Infraestructura Sanitaria en Villa Urquiza, Villa Pueyrredón, Palermo, Coghlan, Núñez y Caballito por falta de obras necesarias sobre la red de agua.
El proyecto se origina en la denuncia de contaminación de acuíferos de la zona por falta de atención a reportes de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. sobre la red de agua potable y obras en esos barrios. “El motivo de esta ley de emergencia es evitar el colapso sanitario”, afirma Gustavo Vera en considerandos de la iniciativa, que está en tratamiento en la Comisión de Planeamiento Urbano de la Legislatura Porteña.
La proliferación de obras en la zona sin controles pertinentes es el principal justificativo de la iniciativa que plantea limitar la altura máxima construible a diez metros en calles y veinte en avenidas, así como paralizar la entrega de finales de obras por fuera de estos parámetros.
La iniciativa responde a un proyecto ya presentado con anterioridad por Vera junto al ex diputado Pablo Bergel, de Verde al Sur. Denuncia así el incumplimiento del Convenio 3/07 firmado entre la Ciudad y AySA en febrero de 2007, del Decreto 220/07 y de la Ley 2.359 al resto. “Durante los últimos cuatro años, se acentuó el grado de contaminación de acuíferos Pampa y Puelche por mezclas con agua potabilizada, y aún peor, por residuos cloacales. El retardo en culminar obras informadas y en renovar redes sanitarias, pone en riesgo el normal funcionamiento de sistemas de provisión de agua y saneamiento cloacal de la Ciudad, exponiendo a su población a un grave peligro sanitario”, se manifiesta en considerandos.
Según el racconto de Vera, el gobierno porteño suspendió en 2006 mediante el decreto 1929 permisos de obras y ordenó estudios de la red de agua. La empresa AySA elevó entonces un crítico informe documentando la “urgente” renovación de 154 kilómetros de redes de agua, que incluyen 13,9 km de refuerzos de la red maestra, 30 km de renovación de cabeceras y más 140 km de renovación de colectoras.
“La situación de la red cloacal es todavía más dramática ya que requieren obras imperiosas por ciento treinta y cuatro 134 km de cañerías. Estas obras sanitarias demandaban hace cuatro años más de 235 millones de pesos”, manifestó el legislador. Vera denuncia que no se realizaron obras pertinentes y se “burlaron” limitaciones establecidas en el decreto 220/07 cuyos recaudos se generalizaron a mitad de año para toda la Ciudad mediante la ley 2359. Se estableció la presentación de un “certificado de disponibilidad de recursos de redes de servicios públicos” y confirmación certificada por parte de prestatarias de que la infraestructura instalada “es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generará la obra nueva, sin deterioro de la calidad del servicio”.
“Es incomprensible que ante esta situación no se adopten medidas urgentes para solucionar o cuanto menos, paliar esta difícil situación que pone en colapso ambiental a seis barrios de la Ciudad y provoca día a día un incremento de la contaminación y deterioro de la calidad de vida de vecinos”, fundamenta Vera.
Asimismo, toma en cuenta un informe de la empresa AySA de 2007 que señala que la capacidad de conducción de cañerías, se reduce en rango del 60 a 80% “por lo tanto en igual medida se debe reducir el caudal teórico transportado.”