El diputado nacional, Eduardo Fernández, junto a la diputada Fernanda Vallejos, presentaron en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para extender el congelamiento de alquileres y la suspensión de los desalojos hasta marzo del próximo año, una iniciativa que se suma a la presentada por la senadora María de los Ángeles Sacnun en la Cámara alta.
El Decreto 320, al que alude el proyecto, establece una serie de derechos en favor de los inquilinos en el marco de la cuarentena y la pandemia, suspendiendo las órdenes de desalojo y prorrogando de manera automática los contratos de alquiler vigentes al 20 de marzo hasta el 30 de septiembre del corriente año.
En este sentido Vallejos, manifestó que “es fundamental y necesario extender por lo menos hasta el mes de marzo de 2021 dicha medida, sobre todo teniendo en cuenta los últimos datos y la necesidad de continuar resguardando la situación habitacional de las personas y familias que alquilan».
«Cabe ser destacado que la emergencia producida por la pandemia, con sus consecuencias económicas, torna de muy difícil cumplimiento para una importante cantidad de locatarios y locatarias, trabajadores, trabajadoras, comerciantes, profesionales, industriales, pequeños y medianos empresarios para hacer frente a sus obligaciones en los términos estipulados en los contratos», señaló.
Por su parte, el diputado Fernández, consideró que “a estas familias queremos brindarles la tranquilidad de que van a poder seguir teniendo un techo mientras la economía se recupera de esta terrible pandemia mundial” al tiempo que subrayó que la “prórroga incluye los alquileres de espacios culturales, de profesionales para el ejercicio de su actividad y pymes”.
¿Qué dicen los Inquilinos?
El presidente de Inquilinos Agrupados, Gervasio Muñoz, destacó la iniciativa: «Sabemos que el Gobierno nacional está trabajando en la extensión del decreto y en un plan de desendeudamiento».
«No pueden anunciar la extensión un día antes de que venza el decreto actual, si esperan hasta ese momento, ya miles de familias habrán sido echadas de forma violenta o económicamente de sus casas. Es más sencillo solucionar esto ahora, y no cuando ya estén en la calle”, afirmó.
De acuerdo con la Federación de Inquilinos, hay aproximadamente un millón de familias en condiciones de ser desalojadas a partir de octubre por las deudas acumuladas y el 47,4% de los inquilinos del país percibe menos ingresos desde que comenzó la pandemia, y de este segmento el 40,6% está endeudad “