Tras la presentación oficial por parte del Ministro de Economía, Sergio Massa, del Presupuesto 2023 el oficialismo salió a la “captura” de sugerencias y reclamos de bloques aliados y opositores para blindar votos y asegurar los números para que se apruebe al momento de ser debatido en el recinto.
En este sentido, el Gobierno cuenta con una carta a favor para garantizarse el presupuesto: el respaldo de Evolución radical, el bloque identificado con el senador Martín Lousteau, que se comprometió a aprobarlo en general y en tal caso discutir algunos artículos.
Con los 12 votos de esa bancada asegurados, el ministro se fortalece para negociar con los diputados oficialistas, porque ninguno tendría certeza de poder bloquear un artículo que no les guste.
Evolución decidió votar a favor después de una reunión con los técnicos de la Fundación de Lousteau.
Por su parte, el resto de la oposición mantiene la cautela y no adelantan ninguna opinión terminante. Aunque si trascendió que harán todos los esfuerzos necesarios para que no vuelva a pasar lo del año pasado.
Por último, los gobernadores jugarán un rol esencial en la construcción del consenso parlamentario. Desde hace tiempo vienen marcando en público y en privado sobre la necesidad de que les garanticen los fondos para continuar con las obras. Sobre todo porque el año que viene será un año electoral y necesitan mostrar gestión.
Al respecto, la Liga de Gobernadores peronistas se reunió (semanas atrás) en La Plata y allí acordaron un documento en el que piden a la oposición un «amplio consenso» para la aprobación del presupuesto. También incluyeron un pedido por «la continuidad de los programas de obras públicas y viviendas» en sus distritos y resolver las asimetrías en materia de subsidios de transporte público.
Pero ¿Qué sucede si finalmente el Presupuesto 2023 no es aprobado?
En este supuesto, el Gobierno entraría en lo que se denomina “shut down” significa el cierre de la administración pública y se produce cuando el Congreso no llega a un acuerdo sobre la aprobación del Presupuesto. Este año el Ejecutivo no puede prorrogar dos veces seguidas el Presupuesto 2021 y de no conseguir el aval, no habría elementos para pagar servicios esenciales.
El concepto fue acuñado por la política estadounidense para denominar el proceso en el cual no hay capacidad distributiva por parte del Estado para atender cada responsabilidad de pago. La oposición dejó al Gobierno sin el presupuesto de 2022 y no hay marco legal para prorrogar dos años seguidos la misma hoja de ruta.
De suceder esto implicaría un enorme problema para las cuentas públicas por la incapacidad de redistribuir los ingresos con los que actualmente se cuentan. Es decir, no se podrían pagar jubilaciones, salarios estatales, el sostenimiento del PAMI, el pago para los empleados judiciales y la caída consecuente del Poder Judicial, y se detendría la obra pública, entre tantos otros daños colaterales.
El antecedente de Estados Unidos
Sobre el filo de 2021, el Senado de Estados Unidos dio sanción definitiva a un proyecto de ley de financiación provisional, en una muestra inusual de unidad entre partidos para mantener las agencias federales en funcionamiento hasta 2022. La urgencia por evitar el shut down fue el motor del consenso.
En Estados Unidos, el gobierno federal solo atendería las agencias que son esenciales, como las de salubridad o seguridad general. De esa forma, seguirían funcionando, aunque la mayoría de los trabajadores federales podrían ser suspendidos o, incluso, correr el riesgo de quedarse sin paga.
Entre las oficinas gubernamentales esenciales que no se verían afectadas por un eventual cierre, se encuentran la Agencia de Control de Drogas (DEA), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
El Presupuesto al recinto
Si bien no hay fecha cerrada para que la “Ley de Leyes” entre a ser debatida en recinto, la hoja de ruta continúa la próxima semana con las presentaciones de los principales funcionarios y los titulares de AFIP, Carlos Castagneto; ADUANA, Guillermo Michel; y ANSeS, Fernanda Raverta, para luego dar paso a los ministros Claudio Moroni (Trabajo), Alexis Guerrera (Transporte) y Gabriel Katopodis (Obras Públicas).
Concluidas las exposiciones comenzará el debate entre los integrantes la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Entonces se espera que el 24 de octubre se pueda emitir Dictamen y así el 26 de octubre esté listo para ser debatido.
Para NCN por Juan José Postararo