La Senadora Nacional correntina del Frente de Todos, Ana Almirón presentó un proyecto que busca “convertir en un delito penal con prisión no menor a cuatro años la violación a las medidas cautelares y perimetrales en casos de violencia de género, algo que hasta ahora se maneja como una causa administrativa”, explicó la Legisladora. La iniciativa surgió tras los lamentables hechos conocidos que desencadenaron en el femicidio de la joven Úrsula Bahilo.
Ingresó al Senado de la Nación un proyecto de ley autoría de la senadora correntina Ana Claudia Almirón que propone modificaciones al Código Penal de la Nación en lo referido a las penas por incumplimiento de medidas cautelares en casos de violencia de género. La iniciativa surgió tras los lamentables hechos conocidos que desencadenaron en el femicidio de la joven Úrsula Bahilo.
Las modificaciones planteadas por la Presidenta de la Comisión de Legislación se enfocaron en los artículos Nº239, Nº249 y crea un nuevo artículo Nº 273. “Los aportes buscan convertir en un delito penal la violación a las medidas cautelares y perimetrales en casos de violencia de género, algo que hasta ahora se maneja como una causa administrativa”, explicó Almirón. En ese sentido, se establece la sanción de uno a cuatros años para quien desobedezca dichas medidas.
El proyecto establece la modificación de la sanción administrativa para dar lugar a una sanción penal con prisión de un mes hasta un año con inhabilitación especial por el doble del tiempo al juez, jueza, funcionario público, judicial que retarde maliciosamente algún tipo de denuncia o acciones en los casos de violencia de género.
“Queremos que aquellos funcionarios que obstaculizan el cumplimiento de las medidas judiciales, sean sancionados, primando siempre la seguridad de las mujeres en los casos de violencia de género”, señaló Ana Almirón.
La Senadora expresó que en 2020 se produjeron 277 crímenes contra mujeres, “la gran mayoría evitable si los engranajes estatales hubieran actuado correctamente”, remarcó. Explicó que la modificación “genera una reconfiguración en los tipos penales y en las penas a imponerse, ante comportamientos que favorecen la comisión de delitos contra la mujer”.