La vicepresidenta de la Cámara de Diputados Patricia Giménez presentó un proyecto de ley que modifica el Código Penal y a la multa del 20% al sesenta 60% de un valor sustraído ya establecida “le suma una inhabilitación de hasta un año, a aquel funcionario público, que por negligencia, imprudencia o inobservancia de los deberes a su cargo, posibilita a otra persona la sustracción de caudales u otros efectos.
Se trata de delitos culposos, en los que el funcionario público, no sustrae bienes del estado por imprudencia o negligencia, sino que por su desidia o falta de cuidado, permite que un tercero lo sustraiga.
“Al introducirle una pena de inhabilitación, contamos con una herramienta más punitiva que reprima, junto con la pena de multa existente, este delito de corrupción, de esta manera seguimos enarbolando las banderas de trasparencia en la lucha contra la corrupción, expresó Giménez en los fundamentos del proyecto.
“Esta clase de inhabilitación tiene el carácter de una sanción de seguridad preventiva, pues se aplica para limitar la actividad del sujeto en el terreno en que cometió el delito”, explicó la legisladora.
Proponen penas más duras a quienes cometen delitos culposos en ejercicio de la función pública
