El pasado noviembre, en Madrid, un grupo de diputados socialistas españoles me transmitieron su preocupación por una nueva ley de seguridad ciudadana que el Partido Popular de aquel país aprobó –mediante su mayoría absoluta en el Congreso– en esta segunda mitad del año.
La nueva ley restringe hasta límites impropios en una democracia la libertad de expresar cualquier tipo de disentimiento. A tal punto es así que en la jerga cotidiana se le llama «ley mordaza» y Pedro Sánchez, candidato a presidente por el PSOE, ha asegurado que en el caso de formar gobierno y llegar a la Moncloa, una de sus primeras medidas será derogarla.
La ley española incluye apartados que dan valor probatorio a las simples declaraciones de los agentes policiales, ponen en riesgo el derecho fundamental a la no discriminación por ideología política e incluye un cúmulo de conceptos jurídicos indeterminados que llevan a la duda de que es punible y que no, dando lugar a un poder policial desmedido de vigilancia y control.
¿Acaso cuando cuando el Gobierno de Cambiemos hablan del borrador de un protocolo para actuar ante las protestas sociales, estarán pensando en un espacio jurídico similar? Esperemos que no y que las afinidades ideológicas entre ambos gobiernos no tienten al nuestro a seguir los pasos del español.
El Estado no puede estar ausente en la resolución de los conflictos sociales y aparecer solo para reprimir la protesta que estos generan.
Hace unos días hemos vivido escenas extremas por la quiebra de la empresa avícola Cresta Roja que ha dejado en la calle a miles de trabajadores y trabajadoras. No parece prudente ignorar las dificultades que generan los cortes y los piquetes pero tampoco poner esto en el mismo plano que las consecuencias laborales y sociales derivadas de esa situación.
¿Dónde está el equilibrio? En el rol del Estado más allá de los gobiernos. Así como el hambre no puede tolerarse desde ninguna posición y su superación es inherente a la vida en un Estado democrático, también se deben garantizar las condiciones básicas en el mercado laboral: el trabajo digno y la resolución equitativa de los conflictos que pueda generar el cumplimiento de este derecho. Responder solo con represión a las quejas que generan los conflictos es como intentar sofocar el hambre eliminando a los hambrientos.
Este gobierno ha comenzado haciendo una elocuente defensa del cambio, el diálogo y la participación de todos los sectores. En esta cuestión y ante la inminente presentación de un protocolo para regular la protesta social, sería una buena ocasión para demostrarlo. También sería interesante que, paralelamente, se presentaran a la sociedad protocolos sociales para dar solución o encaminar los conflictos laborales. No es buena señal poner tanto celo en las consecuencias del problema y no en sus causas.
No estaría mal que el dogmatismo ideológico se nutriera de humanismo parece mucho más apropiado que el neoliberalismo del gobierno español. Sería bueno que en Argentina encontráramos una respuesta que nos aleje del ejemplo del Partido Popular. Aunque esto sea tentador para algún integrante del gobierno.
Protocolo contra la protesta social: entre circular y trabajar – Por Alicia Ciciliani*
