Proyecto de Evaluación Integral de la Educación
Los legisladores porteños del Frente Amplio UNEN presentaron un proyecto de ley de Evaluación Integral de la Educación para garantizar el derecho social a la educación, mejora continua de su calidad y sistema educativo y crear una unidad de evaluación (UEIE), dependiente del Ministerio de Educación, conformada por un director general elegido por concurso y tres directores propuestos por la Legislatura, por un período de cinco años.
El proyecto lleva las firmas de Maximiliano Ferraro, María Eugenia Estenssoro, Virginia González Gass, Hernán Rossi, Hernán Arce, Javier Gentilini, Juan Nosiglia, Paula Oliveto e Inés Gorbea.
Según expresaron los diputados firmantes “la evaluación tiene que ser entendida y llevada como un proceso y resultado. Es imprescindible evaluar el sistema educativo pero también las políticas y programas del Ministerio de Educación. No creemos en la evaluación para la calificación individual de los alumnos o ranking de escuelas”.
“El proyecto crea un sistema de indicadores educativos como instrumento indispensable para describir y conocer la realidad educativa y definir objetivos educativos con políticas adecuadas” sostuvieron los legisladores del Frente Amplio UNEN y agregaron: “la finalidad es contribuir al conocimiento del sistema educativo, evaluar el grado de eficacia y eficiencia y orientar las decisiones”.
“La evaluación es un proceso continuo, formativo e integrador de obtener información que retroalimenta los procesos educativos y contribuye a las decisiones. Asimismo, cumple una función pedagógica y didáctica de carácter integrador. Así, es un proceso de diálogo, comprensión y mejora”, sostuvieron.
Sumado a la mejora en los procesos de evaluación y sistema educativo, el proyecto propone la creación de la Unidad de Evaluación Integral de la Educación (UEIE) dependiente del Ministerio de Educación para la evaluación de la calidad de la educación y sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires a través de estudios específicos y desarrollo de líneas de investigación educativas.
El proyecto propone además la creación del Consejo Consultivo Académico con siete miembros “designados por antecedentes personales académicos profesionales y conocimiento con independencia de criterio…”; dos serán propuestos por los sindicatos decentes con mayor representación, también con mandato por cinco años con carácter ad honorem.
“Aportamos una herramienta para construir con todas las fuerzas una ley de evaluación con el mayor de los consensos. No queremos ni pretendemos una ley a lo pirro”concluyeron.