Esta semana se presentó en la Legislatura Porteña, desde el Bloque de FPV con el acompañamiento de diputados de otros bloques, un proyecto que apunta a la creación de un fondo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para la localización y restitución de niños/as secuestrados y nacidos en cautiverio en Argentina. Garantizar el derecho a la identidad es una de las obligaciones contempladas en el artículo 12 de la Constitución de la Ciudad, en este sentido el Frente para la Victoria junto a Abuelas de Plaza de Mayo y organizaciones de Derechos Humanos, plantea que también se garantice que estén presentes en el ámbito de la Ciudad las políticas de Memoria, Verdad y Justicia.
El legislador Javier Andrade, autor del proyecto, expresó que además de crear las herramientas para garantizar la localización de los niños secuestrados durante la última dictadura militar, “también apunta a que desde el Estado actual se garantice la continuidad de las políticas de Derechos Humanos y el trabajo y aporte que hace 40 años viene realizando abuelas junto a un amplio espectro de la sociedad por la reivindicación de la Memoria, Verdad y Justicia”.
Asimismo sostuvo que este proyecto votado por unanimidad en la Legislatura en diciembre de 2009, fue vetado por Macri, a través del decreto 85-AJG, durante su mandato como Jefe de Gobierno en 2010, “pone en discusión la política de Derechos Humanos que lleva adelante la Alianza Cambiemos, demostrando escaso interés y voluntad política de continuar la búsqueda de los chicos secuestrados durante la dictadura”, subrayó el diputado porteño.
Además, advirtió que en aquel momento Macri “vetó la ley con la excusa de que no es jurisdicción de la Ciudad la búsqueda de nietos desaparecidos o secuestrados, cuando cada gobernación, cada intendencia, cada municipio y cada ciudadano tiene la responsabilidad de que se garantice la continuidad de las investigaciones en la búsqueda por la identidad”. “Agradecemos que acompañen este proyecto diputados de otros bloques de la Legislatura”.
En un nuevo contexto sociopolítico, una vez asumido el 10 de diciembre de 2015, los organismos de derechos humanos, entre ellos Abuelas, han planteado la preocupación de que las políticas de Memoria, Verdad y Justicia sigan consagradas como políticas de Estado, y continúen realizándose los avances necesarios para profundizar y sostener esas políticas.
Por tanto, señala Andrade, “es imperioso que desde el Estado, en sus distintos niveles de influencia y responsabilidad, se contribuya al desarrollo de las políticas de derechos humanos, sin restricción ni limitación alguna.
Proyecto FPV sobre fondo para localización y restitución de niños secuestrados y/o nacidos en cautiverio en Argentina
