El plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que tenía previsto debatir este martes un proyecto para prevenir el abuso sexual infantil fracasó por falta de quórum.
Pasado el tiempo reglamentario, y ante la ausencia de diputados necesarios para abrir el debate, los presidentes de las comisiones de Familia, Niñez y Juventudes, a cargo de Roxana Reyes (UCR), y de Asuntos Cooperativos, Mutuales y de Organizaciones No Gubernamentales, que preside Jorge Vara (UCR), levantaron el plenario y cuestionaron la ausencia de legisladores del oficialismo.
De todas maneras, Reyes anticipó que se convocará a un nuevo plenario en las próximas semanas al sostener que «es prioridad tener protocolos para prevenir la violencia contra niños, niñas y adolescentes».
https://x.com/roxanareyessc/status/1700552061949993455?s=20
El proyecto, aprobado por el Senado el 10 de diciembre de 2021, apunta a crear protocolos de prevención contra el abuso sexual infantil en diferentes ámbitos donde asistan niños, niñas y adolescentes.
La iniciativa, impulsada por en la cámara alta por la senadora santacruceña María Belén Tapia (UCR), establece que «toda institución, organismo o establecimiento deportivo, social-recreativo, educativo, religioso o de cualquier otra índole, público o privado, que tenga a su cargo o involucre en sus actividades a niñas, niños o adolescentes, debe disponer de un protocolo de prevención y detección del abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes».
De acuerdo al texto, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, conjuntamente con los organismos provinciales de protección de derechos, en el marco del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, establecerá los requisitos mínimos de los protocolos y determinará el plazo en que los sujetos alcanzados deberán dar cumplimiento a lo establecido.
https://x.com/roxanareyessc/status/1701665530019500212?s=20
También, deberá poner a disposición de las instituciones material informativo, capacitaciones, asesoramiento, modelos de protocolo, y otras herramientas que estime pertinentes para la confección e implementación de los protocolos.
Asimismo, tendrá a su cargo la tarea de brindar criterios de adecuación a las instituciones alcanzadas; establecer los mecanismos de control y diseñar una campaña que tendrá como objeto la difusión y concientización respecto de esta problemática, y de los programas, normas y políticas públicas de cualquier índole encaminadas a combatirla, con expresa referencia al protocolo que se crea por la ley.
Según el proyecto, el protocolo «deberá salvaguardar los datos personales y la intimidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados, y garantizar el interés superior del niño».