El momento actual nos indica que las mayores preocupaciones que expresan nuestros ciudadanos están dadas por la pandemia y la crisis económica, quedando en un segundo plano el debate de la cuestión judicial.
Cada una de ellas deben ser discutidas con aportes políticos, académicos y del más amplio abanico de sectores involucrados, y tienen que resolverse con la aprobación consensuada de los mismos, como para que superen lo coyuntural y se conformen como acuerdos trascendentes aceptados por quienes dentro del marco del sistema democrático puedan llegar a alternar en la administración de la cosa pública.
Establecida la necesidad, hay que analizar cuándo es la oportunidad para avanzar en alguna de estas reformas. El momento actual nos indica que las mayores preocupaciones que expresan nuestros ciudadanos están dadas por la pandemia y la crisis económica, quedando en un segundo plano el debate de la cuestión judicial.
En este contexto considero que debemos empezar a ocuparnos los actores políticos, de otras grietas que se están abriendo en nuestra sociedad. La primera es entre el sector privado y el público.
Un sector privado que se perjudicó con cierre de empresas, comercios, desaparición de miles de puestos de trabajo y actividades que por la misma pandemia quedaron absolutamente imposibilitadas de funcionar.
Esta parte de nuestra población ve que otro sector, el estatal siguió cobrando sus sueldos aun cuando muchos servicios, salvo los de salud y seguridad dejaron de prestarse o tuvieron y aún tienen un alcance muy limitado solo a quienes tiene acceso a la virtualidad.
Por supuesto que dentro del sector público a quienes más se cuestiona es a las conducciones, es decir a la política que además de haber dado pocos gestos de resignar algo, lamentablemente abundó en ejemplos de confrontaciones estériles.
Vacunados VIP, lamentable retraso en la vacunación, segunda ola en ciernes, inflación prometida de más del 4% para el próximo mes son el foco de tensión y descontento sobre el que hay que concentrarse y trabajar para neutralizar la infiltración de la antipolítica en esa grieta que se abre y que nos está marcando que no es esta la oportunidad para ensayar reformas sobre la estructura judicial cuando otras acciones son urgentes y necesarias.
Finalmente quiero ocuparme del método para poner en marcha una reforma. La reforma judicial en el contexto de nuestro sistema democrático, debe ser instrumentada con el consenso de amplios sectores de opinión e intereses, enmarcarse en los límites que le marca nuestra Constitución, tener rigurosidad académica y aplicabilidad práctica.
Diseñar procedimientos acordes a principios y estilos de la sociedad de nuestro tiempo, despojar al Poder Judicial de rémoras cuasi monárquicas y autoritarias o corporativas en su estructura, tener perspectiva de género, modernizarse y dinamizar sus tiempos de resolución acorde a las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías.
El Ministerio de Justicia es sin duda el ejecutor, coordinador y ordenador de todo proceso de reforma que se pretenda poner en marcha.
Este cargo exige experiencia, trayectoria en el sistema, formación sólida y fundamentalmente capacidad para la conducción de equipos y para el diálogo con los actores judiciales, legislativos, políticos, académicos y sociales que van a aportar las ideas base de la reforma necesaria.
Las últimas decisiones del poder Ejecutivo en la materia, parecen más bien empujar a un cambio desde la confrontación y la imposición del mismo. La prepotencia y las visiones fundamentalistas podrán inspirar temor en algunos actores e impedir o direccionar en algún sentido al accionar judicial, eso no significará ninguna reforma sino continuar con la pendularidad de quienes se someten al poder de turno y la frustración de los buenos operadores y los justiciables que verán como todo sigue igual.
