Reunión conjunta de tres comisiones por concesión del subte
Las Comisiones asesoras de Obras y Servicios Públicos, Presupuesto y Tránsito y Transporte debatieron sobre la futura dirección, estatal o privada, del transporte subterráneo de pasajeros y premetro de la ciudad de Buenos Aires. Hubo dictámenes y el asunto se tratará en el recinto el jueves 2 de noviembre.
Las Comisiones asesoras de Obras y Servicios Públicos, Presupuesto y Tránsito y Transporte se reunieron esta mañana para debatir sobre la futura dirección, estatal o privada, del transporte subterráneo de pasajeros y premetro de la ciudad de Buenos Aires.
El próximo 31 de diciembre de 2017 finalizarán al mismo tiempo el plazo de emergencia previsto en la actual Ley N° 4472 y la concesión de la operación y el mantenimiento del subte otorgada a Metrovías SA, contemplado en el Acuerdo de Operación y Mantenimiento -AOM- que se firmó el 5 de abril de 2013 entre la mencionada empresa privada y Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado -SBASE. Con la adenda de ese acuerdo se prorrogó la concesión haciendo coincidir el fin de la misma con el término de la emergencia del servicio público declarada en el Libro I de la ley sancionada por la Legislatura aquel mismo año tras 18 años de gestión en manos privadas.
Al comienzo del encuentro en el salón «Intersecretarías-Presidente Alfonsín» se presentaron como oradores trabajadores y gremialistas de los sindicatos ferroviarios y subtes para dar su opinión sobre los proyectos en tratamiento. Sostuvieron que las condiciones en general no están dadas para renovar la concesión ya que hay muchos problemas relacionados con la situación laboral de los empleados y el estado mecánico de las unidades de transporte. Reclamaron más atención y reuniones conjuntas para buscar soluciones a los conflictos que llevan años y a los que se enfrentan día a día.
Los diputados Diego García de García Vilas (CP) y Alejandro García (PRO), presidentes de las Comisiones de Obras y Servicios Públicos y Presupuesto, respectivamente, encabezaron la reunión a la que también concurrieron sus pares Carmen Polledo, Lía Rueda, Natalia Persini, Daniel Del Sol, Daniel Presti, Agustín Forchieri, Clodomiro Risau, Christian Bauab, Jian Ping Yuan, José Luis Acevedo, Esteban Penayo, Cristina García, Mercedes de las Casas, Francisco Quintana, Carolina Estebarena, Victoria Roldán Méndez (PRO), Inés Gorbea, Marcelo Guouman (SUMA+), Claudio Heredia, María Rosa Muiños (BP), Paula Oliveto, Maximiliano Ferraro (CC), Marcelo Ramal, Laura Marrone (FIT), Gabriel Fuks (CNM), Adrían Camps (PSA), Marcelo Depierro (MC) y Javier Andrade (FpV).
Al cabo de la reunión fueron firmados siete dictámenes: uno presentado por el Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, que postula la privatización; y seis de los bloques opositores que proponen la gestión estatal.
El asunto tiene pedido de tratamiento preferencial en el recinto para la sesión ordinaria del jueves 2 de noviembre.
Proyectos de ley en tratamiento
– N° 1309-J-2017, del Poder Ejecutivo: pide autorización para a través de SBASE en su carácter de autoridad de aplicación de la Ley N° 4472 -texto consolidado por la Ley N° 5666- concesionar nuevamente mediante una licitación nacional e internacional, por un plazo de 12 años prorrogable por otros 3, la operación y mantenimiento del servicio público de Transporte Ferroviario de Pasajeros de Superficie y Subterráneo que se encuentra exclusivamente en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como las nuevas líneas o extensiones de las mismas existentes que se construyan o habiliten en el futuro.
En los fundamentos se menciona que la prórroga es «por única vez y por acuerdo de las partes, a ser firmada con una anticipación no inferior a dos años más y no mayor a tres años de la fecha de finalización del contrato inicial».
Según el artículo 3° de la iniciativa presentada a principios de mayo del corriente año, «el concesionario deberá absorver, a su exclusivo cargo y costo, el personal en relación de dependencia y que se encuentre encuadrado en el/los convenios colectivos de trabajo, que a la fecha de la adjudicación de la licitación se encuentre prestando servicios para la actual empresa operadora, los cuales conservarán y mantendrán en su totalidad el mismo régimen laboral, derechos laborales y previisonales, como así también remuneración, categoría laboral y antiguedad computada».
– N° 1488-D-2017, del Frente para la Victoria: plantea revertir el actual modelo de gestión privado operado por Metrovías S.A. desde el año 1994 y reemplazarlo por uno de tipo estatal, siendo el GCBA a través de SBASE el responsable de la prestación del servicio. La propuesta de modificaciones a la Ley N° 4472 además, garantiza la participación de quienes utilizan y operan el servicio cotidianamente, usuarios y trabajadores.
Los proponentes afirman que «la gestión privada no logró aportar calidad de servicio y tarifas adecuadas que puedan ser consideradas suficientes para garantizar la accesibilidad de los usuarios».
Se argumenta que «la deficiente calidad del servicio brindado a los pasajeros no se condice con el resto de las experiencias internacionales, incluso si se consideran los servicios equivalentes en otras ciudades latinoamericanas como Santiago de Chile, San Pablo, Río de Janeiro y Ciudad de México». Se señalan problemas de infraestructura: mal estado de las estaciones y formaciones, anegamientos luego de fuertes lluvias que obligan a suspender el servicio, restricciones al acceso de personas con movilidad reducida por la inexistencia o el mal (o no) funcionamiento de escaleras mecánicas y ascensores, se agrega el incumplimiento de las frecuencias y el estrecho horario de funcionamiento del servicio.
«Asimismo, no se encuentra acreditada una inversión real de la empresa concesionaria, más aún si se tiene en cuenta que actualmente el sostenimiento económico-financiero de la gestión privada en la prestación del servicio se cubre con subsidios y la tarifa que abona directamente el pasajero (que incluye un monto destinado a cubrir la rentabilidad empresaria que podría ser omitido en caso de una gestión estatal del servicio)», sostienen los legisladores Carlos Tomada, Javier Andrade, José Campagnoli, Andrea Conde, Paula Penacca, Lorena Pokoik y Magdalena Tiesso.