Salario Básico Universal: ¿De qué se trata la idea que divide al oficialismo? (videos)

Si bien desde hace ya varias semanas el tema del “Salario Básico Universal” esta la “agenda política”, en la jornada hoy miércoles retomó protagonismo de la mano de uno de sus defensores, Juan Grabois (líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos) en el marco de una nueva protesta que tuvo epicentro en el obelisco porteño.

Pero para entender un poco más de este Proyecto que tiene al oficialismo “dividido”, en NCN repasaremos algunas cuestiones básicas.

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En líneas generales la propuesta apunta a contener los desbordes sociales, aunque claramente no logra solucionar de raíz sus causas.  En primera instancia resolvería la indigencia pero sin modificar las causales de la desigualdad que asecha el país. En esta línea, las organizaciones sociales más críticas resultan que no es otra cosa que una política recomendada por el FMI y el Banco Mundial. Como contraparte, las organizaciones que apoyan el ingreso universal, ponen en la balanza otro tipo de motivos, como el de terminar con la indigencia. Valoran que este ingreso básico se implemente como un derecho -es decir, que podría sostenerse a pesar de los cambios de gobierno, como ocurrió con la Asignación Universal por Hijo. Otro argumento señala el beneficio de liberar a los pobres del “impuesto cognitivo”, es decir, la inversión de recursos psíquicos que tiene que realizar el que vive el día a día, el que está en la lucha por la subsistencia.

(Video Gentileza RadioVos)

La propuesta pasó a primer plano cuando Cristina Kirchner apoyó la idea de que se debata la creación de un ingreso básico universal.

Al respecto, el propio Grabois, refiere su defensa al Salario Básico Universal porque “hay una enorme cantidad de trabajadores y trabajadoras sin derechos ni ingresos suficientes para vivir con el piso mínimo de dignidad aceptable para una sociedad que se dice democrática».

“Alguno podría decir que es un subsidio al desocupado. No es así. Si uno ve la tasa de desocupación es muy baja y la tasa de actividad es muy alta. Esto, ¿qué quiere decir? Que son todas personas de laburo, que ganan el día a día y no les alcanza para llegar a la línea de pobreza y en muchos casos a la de indigencia. Con el Salario Básico Universal terminamos con la indigencia en la Argentina y reducimos fuertemente la pobreza. El ingreso que recibiría cada persona es la Canasta Alimentaria, es decir, cubriría la línea de indigencia del adulto equivalente, actualmente en unos quince mil pesos. Esto tiene un beneficio adicional, el de liberar a los pobres del “impuesto cognitivo”, es decir, la inversión de recursos psíquicos que tiene que realizar el que vive el día a día, la que está en la lucha por la subsistencia» argumenta.

Lo cierto que al día de hoy al día de hoy existe solo un proyecto presentado en el Congreso de la Nación con estado parlamentario -aunque aún no fue tratado en el recinto-: el propuesto, en mayo de 2022, por los diputados Itai Hagman, Natalia Zaracho, Leonardo Grosso y Federico Fagioli del Frente Patria Grande -liderado por Grabois-, que integra el Frente de Todos.

De acuerdo con esta iniciativa, el SBU estaría destinado a un sector vulnerable de la sociedad, como las personas que se encuentren desocupadas o estén en la economía informal; inscriptas en la categoría “A” del monotributo; inscriptas en el Régimen de Inclusión Social y Promoción del Trabajo Independiente; entre otras opciones. Según cálculos del propio proyecto, el SBU abarcaría a 9 millones de personas, cifra cercana a los destinatarios del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

El SBU se establece en el proyecto como una “prestación monetaria mensual no contributiva y de alcance nacional destinada a trabajadores y trabajadoras de bajos ingresos”, que tiene como equivalente el monto de una Canasta Básica Alimentaria de un adulto, que en mayo último fue de $14.401, según datos del INDEC. Está dirigido a personas de entre 18 y 64 años y exceptúa a aquellos que ya reciben ingresos por algunos programas sociales, como el Progresar o el Potenciar Trabajo.

(Video Gentileza TV Pública)

¿Qué dicen los Expertos?

Respecto al proyecto presentado en el Congreso, Flavio Gaitán, doctor en Ciencia Política y miembro de la Red Argentina de Ingreso Ciudadano, a cargo del capítulo local de la iniciativa global Basic Income Earth Network, señaló al sitio Chequeado que “la iniciativa es interesante porque amplía cuantitativamente la protección, pero garantiza menos dinero que el Potenciar Trabajo” ($ 19.470), además de que no explicita fuentes de financiamiento específicas ni una reforma tributaria y que reproduce condicionalidades, lo que exige una práctica permanente de control».

Levi Yeyati explicó en declaraciones a radio Milenium que la medida provocaría más emisión e inflación, más estrés financiero, menos crecimiento y menos empleo: “Si lo pensás desde el punto de vista económico no solo es insostenible, sino que es implosivo”.

“El camino a la inclusión es otro: formación; reforma tributaria para la formalización; acceso al crédito, al transporte y al hábitat. Y estabilización, porque las crisis también excluyen a los más vulnerables, que pierden con la inflación y con el estancamiento de la economía”, sentenció el especialista.

Según cálculos de Nicolás Dinerstein, licenciado en Economía Política por la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y miembro del Grupo de Trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) sobre Seguridad Social y Sistemas de Pensiones, si se estableciera un ingreso universal para personas de entre 15 y 64 años, basado en la Canasta Básica Alimentaria promedio (con datos de 2017), esto podría significar un costo de 6,3 puntos del Producto Bruto Interno (PBI).

Voces en Contra

Claro está que este debate tiene voces contrarias a las expresadas líneas arriba. Ese es el caso de Pablo Chena, del Movimiento Evita, quien sostiene que  “la propuesta de salario universal no soluciona los problemas que la economía popular tiene que resolver. La gran causa de la desigualdad socio laboral es la informalidad. La desigualdad no se resuelve con un ingreso mínimo para los informales, sino extendiendo las fronteras de la formalidad a aquellos modos de trabajo que no son reconocidos”.

“Para la emergencia actual, yo preferiría que el IFE se extendiera por un tiempo, pero iniciar rápidamente el proceso de formalización en el que se discuta la política de ingresos. Por ejemplo: ¿cómo se van a reconocer con ingresos los trabajos de sociocomunitarios? ¿Qué política de ingresos va a tener el trabajo en el caso de las empresas recuperadas?” agrega.

En esta línea se expresa Coco Garfagnini, referente nacional de la Tupac Amaru, quien asegura que “No estamos de acuerdo con la propuesta de ingreso universal de Juan Grabois porque es aceptar que en la Argentina no se puede generar trabajo. Nosotros queremos discutir cómo se genera trabajo; lamentablemente, en el Frente de Todos eso no se está discutiendo”.

“Grabois acepta este modelo de país y quiere mitigar sus defectos, que son las consecuencias de un país factoría, colonial. Nosotros creemos en otro modelo de país que produce, genera empleo, distribuye la renta, un país que existió con Perón y con Néstor Kirchner”.

“Hay un problema si pensamos que la única manera de garantizar un plato de alimento para nuestro pueblo es poniendo en el bolsillo de los más humildes 14.400 pesos por mes, mientras la riqueza que se produce en nuestro suelo, subsuelo, mar, espacio, trabajo y desarrollo se termina licuando por la canaleta de la especulación y la fuga de capitales” sentencia.

¿Qué sucede en el mundo?

Finlandia: En 2015 anunció la implantación de un proyecto piloto de “Renta Básica Universal” durante 2017 y 2018. El proyecto alcanzó a solo 2.000 desempleados que percibían 560 euros al mes, monto lo suficientemente bajo como para no desincentivar la búsqueda de trabajo. En abril de 2018 el gobierno lo suspendió por considerar que si bien mejoraba el bienestar de los beneficiados, no tenía impacto significativo en la esfera laboral. Incluso siendo de prueba y no permanente, el experimento fracasó.

España: En mayo 2020 se aprobó un ingreso vital mínimo (no exactamente igual al ingreso universal) para 850.000 hogares y 1,6 millones de personas en situación de pobreza extrema. A los hogares beneficiarios se les otorga entre 451,5 y 1.015 euros, dependiendo el tamaño de la familia.

Alemania: En 2014, la ONG Mein-Grundeinkommen organizó una campaña de recaudación de fondos para destinar unos USD 1.100 al mes a 500 personas. El 80% de los beneficiarios dijo que la ayuda les disminuyó el estrés, más del 50%, que les ayudó a solventar programas de formación y educación, y 35%, que los motivó en el trabajo. Pero más que “ingreso básico universal” fue una donación altruista de personas anónimas.

Suiza: En 2016 se hizo un referéndum sobre la creación del Ingreso Básico Universal, para asegurar a los mayores una renta mínima de 2.260 euros al mes libres de impuestos y a los menores de 565 euros. Los argumentos de costo excesivo, mayores impuestos y desincentivo al trabajo prevalecieron claramente sobre los de que la automatización de la economía aumentaría el desempleo y haría necesario el UBI para garantizar cierto nivel de consumo, ahorrando los seguros de desempleo. El 77% de los ciudadanos rechazó la propuesta.

Alaska: Desde 1982 sus habitantes tienen derecho a una suerte de renta básica como ‘dividendo’ anual del Alaska Permanent Fund. Es el único caso existente de un Ingreso realmente universal e incondicional como política de Estado. Los dividendos se pagan anualmente y varían con el precio del petróleo. Es más bien un suplemento de ingreso, que promedia unos USD 1.200 al año y no afectó el empleo a nivel macro, como surge de comparar el mercado laboral de Alaska con el de estados vecinos o de perfil similar. Tuvo efectos positivos sobre la educación (mayor asistencia, menos abandono, mejores resultados, en especial entre los más pobres), pero no en términos de empleo, aunque a corto plazo redujo la pobreza e impulsó la fertilidad.

Irán: Se denominó “transferencia en efectivo” y duró solo 5 años, hasta 2016. También se basaba en la renta petrolera, en parte distribuida a la la población en efectivo y sin condiciones. Todos recibían igual transferencia. Los pagos llegaron al 29% de la renta media de los hogares y alcanzaron a 72,5 millones de personas, 96% de la población. Además del petróleo, el programa se financió con recursos antes destinados a subsidiar productos básicos (agua, electricidad, pan). El Economic Research Forum iraní concluyó que el programa no mejoró la oferta de trabajo ni el mercado laboral.

Uno de los casos más destacados por los defensores del Proyecto, es el de Namibia, donde una política de estas características logró que la tasa de desnutrición cayera en picada, pasando del 42% al 10%. Similar impacto tuvo en el absentismo escolar que cayó del 40% al 0% y en la tasa de delincuencia.

En Malaui la asistencia a la escuela entre niñas y mujeres aumentó un 40%.

En 2008 el gobierno de Uganda decidió distribuir casi 400 dólares a unas 12 mil personas de entre 16 y 35 años. Lo único que debían presentar para obtener el beneficio era un plan de negocio. «Cinco años después los efectos eran impactantes», señala Bregman y detalla: «después de invertir en su propia educación y en iniciativas de negocio, los ingresos de los beneficiarios habían ascendido casi un 50%. Y sus posibilidades de ser contratados se habían incrementado en más del 60%».

Otro programa ugandés distribuyó 150 dólares a más de 1.800 mujeres pobres del norte del país, con resultados similares: los ingresos se dispararon casi en un 100%.

El Proyecto Oficialista