El proyecto de ley, presentado por la senadora María Laura Leguizamón (FPV), prevé que alumnos con trastornos de aprendizaje reciban un “abordaje integral e interdisciplinario”, exige una “detección temprana de las necesidades educativas” de los chicos y establece un sistema de capacitación para que los docentes sepan cómo adaptar la currícula para ellos. También determina que las obras sociales y prepagas cubran los tratamientos: el diagnóstico requiere varias consultas con psicopedagogos y fonoaudiólogos, y cuesta un promedio de 4000 pesos.
De los trastornos de aprendizaje, la dislexia es el más frecuente: se estima que afecta a uno de cada diez alumnos y es causa frecuente del fracaso escolar. Es un trastorno definido por las neurociencias como «neurobiológico» y hereditario, que impide que los chicos aprendan a leer y escribir de forma fluida y precisa.
Durante su intervención en el recinto, el diputado de la UCR José Luis Riccardo sostuvo que la sanción de la ley «refleja el reclamo de muchas familias, por las dificultades que atraviesan sus hijos en el aula, ya que el sistema educativo no ofrece suficientes respuestas e instrumentos integradores para esta problemática».
El massista Gilberto Alegre acompañó la propuesta pero planteó algunas dudas vinculadas a qué sucederá con las personas con DEA que no posean obra social.
Alicia Besada (Cambiemos-CABA) determinó que “legislando esta ley estamos demostrando que nos interesa lo heterogéneo”. Añadió que “los docentes agobiados ya no se van a preocupar tanto por apuntalar, porque van a tener ayuda en esa tarea”, y se mostró “feliz” con que esta ley “esté prontamente normada”.