La Cámara de Diputados debate el proyecto de Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio 2018. Es en el marco de una sesión especial convocada por el presidente del cuerpo, Emilio Monzó, que también tratará la ley de Consenso Fiscal entre la Nación y las provincias.
Con quórum de 129 diputados, se inició la sesión a las 11:42. Las primeras dos horas y media estuvieron absorbidas por planteos de cuestiones de privilegio que, en general, estuvieron dominadas por repudios al ataque sufrido por el diputado Martín Lousteau en las inmediaciones del Congreso. Recién después de las 14 se inició, con una presentación del diputado Luciano Laspina (presidente de la comisión de Presupuesto) el debate sobre la denominada «ley de leyes» para el próximo año.
Como miembro informante del dictamen del oficialismo, el diputado Laspina consideró que “el desafío más importante del Presupuesto es no descuidar la cuestión social; es una prioridad”.
En esa línea, el titular de la comisión de Presupuesto valoró el hecho de que el Gobierno “está cuidando el gasto social, con participación récord de servicios sociales en la historia del Presupuesto argentino”.
Con respecto a la inversión en infraestructura, Laspina expresó que “logramos hacer muchísimo más en poco tiempo, con gran cantidad de obras; se ha concretado un cambio estructural en la forma de entender y ejecutar la obra pública”.
En tanto, hizo hincapié en la incorporación al presupuesto de “algo innovador y revolucionario para el futuro”, como denominó a la implementación de la ley de participación público-privada, que “es una diagonal -dijo- entre el privatismo y el estatismo extremo en nuestro país”.
“Debemos evitar una nueva crisis fiscal y financiera, por eso es fundamental seguir por una senda de austeridad y de control del déficit fiscal”, enfatizó también, para luego añadir: “El endeudamiento hoy es totalmente sostenible, pero no nos podemos dar el lujo de volver a depender del ánimo de los inversores financieros internacionales”.
Para finalizar, Laspina mencionó que el Parlamento tendrá el próximo año funcionando a pleno la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación. “Será la herramienta técnica que se necesita para seguir ganando espacio en la discusión de cómo gastamos el dinero de los argentinos”, dijo.
Desde el Frente para la Victoria-PJ, el diputado Axel Kicillof definió la propuesta presupuestaria como “neoliberal” y cuestionó que, a su juicio, se basa en el endeudamiento. “La única partida que crece es la de intereses de deuda, que representan 408 mil millones de pesos”, dijo.
Además, exhortó a que el oficialismo revierta esta proyección económica: “Están a tiempo de cambiar estas políticas porque no sirven y los lleva a no poder hacer nada sin consentimiento de sus acreedores”.
Kicillof anticipó que “vamos a votar en contra, como testimonio de que defendemos a los que menos tienen, a los trabajadores, los jubilados, a las Pymes”. Además, afirmó que no pudieron discutir el proyecto «como se debe» y lo consideró “viejo, obsoleto, ya que no incorpora las reformas que propone el propio oficialismo. Eso hace que (el presupuesto) no sirva para nada; tendrían que rehacerlo”.
Desde el bloque Justicialista, el diputado Diego Bossio planteó observaciones sobre el texto del Ejecutivo. Dijo que “el déficit es un problema, es de 640 mil millones y las proyecciones no indican lo que está ocurriendo en el mercado interno argentino”. Asimismo, exigió conformar una Comisión Bicameral para que el Congreso “controle la deuda y recupere facultades”.
En representación del bloque Federal Unidos por una Nueva Argentina, la diputada Graciela Camaño fue crítica con el proyecto: “Venimos escuchando la excusa de la pesada herencia. Este es el tercer presupuesto de este gobierno. Y muestra la decisión de un gobierno que estima que el mayor esfuerzo lo tienen que hacer los trabajadores y los más vulnerables”.
Camaño reprochó la “falta de una visión estratégica” y manifestó que el texto “está atado a la coyuntura electoral; se sigue castigando a las provincias con el látigo y la chequera”. Igualmente se refirió al endeudamiento: “Vamos a seguir endeudándonos hasta el 2020 y va a representar un 38% del PBI. La toma de deuda nos puso en un camino peligroso”.
Por otra parte, el diputado Martín Lousteau, de Evolución Radical, valoró que “es bueno tener un instrumento que se acerque lo más fidedignamente a la realidad”. Sin embargo, expresó “discrepancias en las proyecciones y las prioridades; nos gustaría ver otro tipo de gastos, impuestos y que la brecha se resuelva de otra manera”.
El Frente de Izquierda se manifestó en contra del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y adelantó que votará en contra. “Es parte del ´paquetazo´ del ajuste, junto a la reforma tributaria y la previsional”, señaló la diputada Romina Del Plá.
El orden del día incluye también el proyecto sobre Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, y una iniciativa por la cual se prorroga el llamado ‘impuesto al cheque’.
Se trata de los proyectos que ayer obtuvieron dictámenes favorables en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Los de Consenso Fiscal y Responsabilidad Fiscal podrán convertirse en ley, ya que tienen media sanción del Senado. El proyecto de Presupuesto 2018 y los cambios tributarios pasarán al Senado para su tratamiento.
El Pacto Fiscal, también llamado ‘Consenso Fiscal’, fue suscripto el 16 de noviembre de 2017 entre el Estado nacional y los representantes de 23 de los 24 distritos del país. En tanto, el Presupuesto, conocido como «ley de leyes», fue elaborado por el Poder Ejecutivo y presentado por el ministro de Hacienda de la Nación, Nicolás Dujovne, el pasado 15 de septiembre.
LOS NÚMEROS DEL PRESUPUESTO 2018
El Presupuesto 2018 proyecta un crecimiento de 3,5% para 2018. Desde 2010-2011 que la economía no crecía dos años seguido, teniendo en cuenta el crecimiento de 3 % de 2017.
El texto contempla además que la inversión el año próximo llegaría a 17% del PBI y que la inflación continuará bajando en forma compatible con la meta del BCRA (10% +- 2%).
En cuanto a la participación del gasto en servicios sociales, se incrementa en un 76%, lo que representa un aumento de 22% con respecto a 2017.
En tanto, las obras de infraestructura -transporte, energía, obras hídricas, entre otras- aumentarán 17% respecto a 2017 y pasan a representar 8,4% del gasto primario. Incluyendo la Participación Pública Privada, la inversión en obras llegaría a 3,5% del PBI.
“En 2017, por primera vez, en más de 100 años se logran combinar simultáneamente una reducción del gasto público/PBI, una baja de la presión tributaria y un menor déficit fiscal /PBI con la economía creciendo y la inflación cayendo. Esto se repetirá en 2018”, explica el resumen presentado por el ministro de Finanzas, Nicolás Dujovne, a los diputados.