Entre otro de los temas que se trató este jueves en el Senado fue la aprobación de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) dictados por el Poder Ejecutivo en el marco de la pandemia coronavirus, uno con el apoyo del bloque opositor de Juntos por el Cambio (JxC).
Los mismos obtuvieron el voto positivo del Frente de Todos y sus aliados, pero JxC votó afirmativamente el que facilita la llegada de vacunas, que logró 60 votos a favor, uno en contra y una abstención, y se opuso al 411/21- el que limitó el ingreso de argentinos desde el exterior- y al 167/21, que cosecharon en conjunto 39 votos a favor y 23 en contra.
En el marco de este debate, el senador del Frente de Todos, Mariano Recalde, resaltó que trataban la aprobación de estos tres instrumentos legales «para prorrogar la emergencia sanitaria y el 431 sobre un nuevo marco legal para el desarrollo del plan nacional de vacunación, y para promover vacunas para niños, niñas y adolescentes”.
“Frente a las medidas fundamentales para frenar la pandemia, en las que hay un consenso mayoritario, en nuestro país vimos dos grandes grupos: los que promovían, acompañaban y apoyaban estas medidas, y los que las boicoteaban», continuó.
Al tomar la palabra, el titular del interbloque opositor, Luis Naidenoff, anticipó que votarían a favor el DNU 431/21 ya que «el objetivo es facilitar la llegada de vacunas».
“No queremos que se interpreten las cuestiones formales que podamos marcar (al decreto) como una oposición de este interbloque. Lo que necesitamos es que las vacunas lleguen, se llame Pfizer, Johnson y Johnson o Sinopharm”, explicó.
«Acompañamos porque existe voluntad política para que no haya obstáculos para la llegada de la vacuna», agregó. Sin embargo, criticó que esta modificación se haya realizado por decreto y alertó sobre la falta de precisión en el articulado sobre si un posible embargo podría afectar a las regalías petroleras de las provincias.
A su turno, el senador oficialista Juan Mario Pais indicó que «con este DNU que estamos ratificando vamos a implementar un fondo de reparación integral para que el Estado pueda resarcir, en tiempo y forma, ante eventuales o supuestos daños y perjuicios que se puedan generar por efecto de la vacunación».