Senado: Dictamen para fijar el gasto por traspaso de la Policía Federal a la Ciudad de Buenos Aires

El proyecto de Ley que busca fijar en 24.500 millones de pesos el gasto ocasionado por el traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires obtuvo dictamen de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda del Senado.

La iniciativa, según indicaron fuentes del oficialismo, será puesta a discusión en el pleno de la Cámara alta durante una sesión que sería convocada para el próximo jueves 1 de octubre.

El dictamen fue acompañado por los legisladores del Frente de Todos, del Frente Renovador de la Concordia de Misiones y de Juntos Somos Río Negro, en tanto que el interbloque de Juntos por el Cambio y sus aliados del interbloque Parlamentario Federal rechazaron la medida.

• El proyecto fija en 24.500 millones de pesos el gasto anual para seguridad en la Ciudad, en lo que respecta al traspaso de una parte de la Policía Federal a la órbita porteña acordado mediante un convenio que se firmó en 2016 entre el expresidente Mauricio Macri y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.
• Además, establece que ese monto será actualizado de acuerdo con un índice compuesto en un 80 por ciento por el índice nominal del salario promedio de la Policía Federal y en un 20 por ciento por el índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad.

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, el peronista cordobés Carlos Caserio, dijo que «fue un invento la elevación de la coparticipación a la Ciudad del 1,4 por ciento al 3,75».

«El número es totalmente irreal. El expresidente Macri quiso beneficiar a un dirigente de su propio partido político transfiriéndole recursos injustamente», destacó.

Además, afirmó que «lo que hace el Gobierno nacional es actuar con justicia y pagará el convenio como corresponde, no como la Ciudad quisiera».

Además, la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, María de los Ángeles Sacnun, afirmó “a través de este proyecto estamos distribuyendo los recursos de manera equitativa y solidaria.

«Estamos retomando la Constitución Nacional y un criterio de federalismo que tiene que ver con la equidad que no existe entre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las provincias argentinas», expresó.

En tanto, la opositora porteña Guadalupe Tagliaferri opinó que el proyecto «es inconstitucional porque no hay un acuerdo entre las partes».

«No estamos castigando a un jefe de Gobierno opositor, sino a seis millones de argentinos que vienen a educarse y a curarse a la Ciudad de Buenos Aires. Hacen la puesta en escena de que quieren debatir. Acá no hay diálogo, ni consenso, ni acuerdo», apuntó.

La macrista bonaerense Gladys González indicó que «esta decisión genera incertidumbre para la Ciudad, pero también para todos porque no se respetan los pactos fiscales».

«No les están repartiendo el dinero a todos ustedes, compañeros. Ese dinero vuelve a la Nación, y en mala hora si lo que queremos es más federalismo. No queremos un poder central, sino más recursos para la provincia. No a costa de que a otro le vaya mal. No seamos mediocres», reclamó.

Durante la última jornada del debate se presentaron, mediante videoconferencia, varios funcionarios y especialistas que opinaron sobre el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo.

El presidente de la Comisión Federal de Impuestos (CFI) y ministro de Economía de Catamarca, Sebastián Veliz, consideró que esta ley «no afecta la distribución de la coparticipación de las provincias fijado por la ley 23548» y señaló que «solamente se ve alterado el índice efectivo de la Nación por la transferencia efectiva que realiza a la CABA».

Veliz precisó que «el porcentaje de la distribución primaria establecido por la ley de coparticipación es de 42,34 por ciento para la Nación y el 54,66 para el resto de las provincias».

«Si se debe tratar a CABA equitativamente con el resto de las provincias tiene que mantener su porcentaje de participación y las transferencias de servicios deben ser realizadas mediante transferencias presupuestarias del Poder Ejecutivo», afirmó.

El funcionario consideró que con estas iniciativas «se modifica únicamente la participación que tiene el Poder Ejecutivo Nacional (PEN), pero la coparticipación no se ve afectada porque la distribución secundaria no es afectada por este acuerdo».

El ministro de Hacienda y Finanzas de CABA, Martín Mura, calificó como «inconstitucional» el decreto y el proyecto de ley que restan recursos a la Ciudad y advirtió que se trata de una medida «unilateral e inoportuna por el impacto enorme que provoca al distrito para lo que queda del año y para el próximo año».

Mura brindó precisiones ante los senadores sobre los recursos a transferir y explicó que «la forma más fácil de calcular la transferencia de competencias y funciones es ver cuánto le costó al Gobierno prestar ese servicio a la CABA en el año inmediato anterior».

El director de Relaciones Institucionales de la AFIP, Alejandro Otero, opinó que «el proyecto viene a ordenar algo que quedó mal ordenado por la transferencia de seguridad a la CABA».

«Además, transparenta el costo que tiene esta prestación y endereza situaciones: separan la cuestión del coeficiente que le corresponde a la ciudad de lo que es la transferencia de los recursos«, explicó.

En tanto, el exjuez y exministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, afirmó que «es una vuelta al período pre-constitucional» porque «no puede haber nada referido a la transferencia de servicios sin consentimiento de las provincias», cerró.