Un proyecto de resolución para denunciar judicialmente al Procurador General interino, Eduardo Casal, por «abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público» obtuvo dictamen en la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, impulsado por las firmas del bloque oficialista del Frente de Todos.
El documento fue rechazado por los integrantes del interbloque de Juntos por el Cambio y por Juntos Somos Río Negro, una bancada que suele ser habitual aliada del peronismo.
El documento fue redactado durante una reunión donde oficialismo y oposición volvieron a enfrentarse fuertemente por la situación política-judicial en la que el Gobierno pretende designar al juez federal Daniel Rafecas en el Ministerio Público Fiscal y Juntos por el Cambio no le facilita los votos para hacerlo.
El artículo 4º del proyecto de Resolución, que deberá ser debatido durante la próxima sesión, propone «instar formal denuncia ante la justicia penal competente para que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos (artículos 248, 249 Código Penal) y/o resistencia contra la autoridad (artículo 239 Código Penal) por parte del Señor Procurador General Interino».
Además, el dictamen manifiesta la «grave preocupación por la indiferencia y la dilación injustificada exhibida por el Procurador General Interino ante las solicitudes de este cuerpo para que dé cumplimiento a la toma de juramento de los representantes del Senado ante el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal en los plazos establecidos» y reclama «dar cumplimiento efectivo e inmediato» al requerimiento.
La semana pasada, el senador oficialista Martín Doñate planteó, durante la última sesión de la Cámara alta, una cuestión de privilegio contra Casal porque, presuntamente, se había negado a tomarle juramento a los funcionarios designados por el Senado para integrar el Jury de Enjuiciamiento de la Procuración.
Luego de llamarlo «fiscal de facto», Doñate mencionó que la conducta de Casal «constituye un deliberado comportamiento ajeno a las obligaciones normativas que a ese cargo lo obligan».
«Es una ofensa intolerable a las autoridades del Senado de la Nación«, sentenció el senador kirchnerista.
Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión, la macrista Laura Rodríguez Machado, adelantó que Casal ya «había notificado formalmente» que «este viernes (11 de septiembre) le tomará juramento» a los representantes del Senado y pidió «retirar la Cuestión de Privilegio porque resulta abstracta».
«Salvo que el oficialismo pretenda darle una apretada más al doctor Casal, como lo viene haciendo y ya nos está acostumbrando», fustigó la legisladora cordobesa.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista santafecina María de los Ángeles Sacnun le reclamó a Rodríguez Machado que «retire la palabra ‘apretada’» y defendió el accionar del Frente de Todos al afirmar que «se está haciendo cumplir lo que este cuerpo determinó en la última sesión».
«Aunque tome hoy el juramento a los representantes del Senado, la conducta del procurador roza ciertos delitos», insistió Sacnun.
En el mismo sentido, se expresó la mendocina peronista Anabel Fernández Sagasti para señalar que esperaba que «el procurador entienda» que es «función del Senado» avanzar con el proyecto de Resolución.
El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical formoseño Luis Naidenoff, aseveró que «la insolencia institucional viene del no respeto de un poder como el Congreso con un órgano extra-poder que tiene sus plazos y su reglamento».
«Argentina está en una instancia preconstituyente desde que empezó la cuarentena. Hay que mostrar fortaleza», sentenció.