La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y giró a Diputados, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo para suspender las causas de caducidad de los partidos políticos hasta fin de año a raíz de la epidemia de coronavirus Covid-19, al tiempo que, aprobó un tratado internacional de extradición con la República Checa y otro sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Por un lado, el proyecto para suspender las causas de caducidad de los partidos políticos hasta fin de año, establece que, hasta diciembre del 2021, se suspende la aplicación de las causas de caducidad de la personalidad política de los partidos políticos previstas en la Ley 23.298 por la no realización de elecciones partidarias o por la imposibilidad de mantener una afiliación mínima.
Además, permite que los partidos, tanto de distrito como nacionales, que por la pandemia «no puedan renovar sus autoridades en el transcurso del año 2020, podrán actuar durante el año 2021 manteniendo la gestión y administración a cargo de las últimas autoridades debidamente constituidas e informadas a la Justicia Federal con competencia electoral, quienes ejercerán todas las funciones previstas en sus respectivas cartas orgánicas».
Finalmente, se suspende la aplicación de la sanción prevista por el incumplimiento de las obligaciones de destinar una parte de lo que reciban en concepto de aporte para formación de dirigentes e investigación.
En ese sentido, se establece que las agrupaciones podrán destinar ese dinero para «incorporar nuevas tecnologías que permitan dictar las capacitaciones de manera digital».
Por otro lado, el oficialismo no aceptó un pedido de modificación impulsado por un grupo de senadores, entre los que estaban el peronista salteño José Leavy y el opositor cordobés Ernesto Martínez, para incluir una moratoria.
«En la reunión de Comisión nos plantearon la moción de tomar en cuenta situaciones sobre la presentación de balances y otros documentos, que no se pueden efectivizar y que devienen en la imposibilidad de que los partidos puedan participar de la vida pública del país», recordó la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la oficialista santafesina María de los Ángeles Sacnun.
Al respecto, la senadora comentó que la reforma fue consultada por el Poder Ejecutivo y que primó la opinión de que «se desvirtuaría el sentido del proyecto», aunque asumió el «compromiso de trabajar en un proyecto que contemple aquella situación».
«La intención del proyecto es la de garantizar la participación de los partidos políticos en los procesos electorales. Su vida es importante porque está en juego el debate cuando discutimos un proyecto de país», afirmó Sacnun.
Por su parte, la macrista cordobesa Laura Rodríguez Machado, destacó la «importancia de que los partidos políticos en la Argentina estén fortificados» porque son «la garantía de que la democracia subsiste y que no son las presiones de los sectores las que logran imponer las leyes».
No obstante, reclamó que sea debatido en las próximas semanas un proyecto de ley que presentó hoy para permitirle a los argentinos que residen en el exterior que puedan votar por correo, luego de que el presidente Alberto Fernández firmó un decreto eliminando esa posibilidad.
«No le cortemos la posibilidad a estas personas para votar. Incorporemos esta nueva modalidad de votación: el voto por correo, el voto electrónico, la boleta única», enumeró.
Finalmente, la peronista federal Clara Vega advirtió que «esta excepción no debe ser la regla, sino sólo por la situación sanitaria que atraviesa el país».
No obstante, sentenció: «Hoy el mundo se divide entre los países que realizan acciones para tener una democracia participativa, y los que buscan que la ciudadanía no participe. Apelo a que no se deje de lado la elección de las PASO (Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que vino a poner un orden entre tanto desorden».
Sobre los tratados:
Por otro lado, el Senado también aprobó y giró a la Cámara de Diputados, un tratado internacional de extradición con la República Checa y otro sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
El primero de los tratados fue firmado entre los gobiernos de Argentina y la República Checa, en Praga a fines de noviembre de 2019.
El tratado dispone que cada país se compromete a extraditar hacia el otro a toda persona que se encuentre en su territorio y sea requerida por las autoridades competentes para ser juzgada o para la imposición o ejecución de una condena por un delito.
Asimismo, se establece que la extradición se concederá por hechos que constituyan delito conforme a la legislación de ambos países y que sean punibles con pena de prisión u otra pena privativa de la libertad por un período máximo de al menos 2 años o una pena más severa.
A su vez, el Senado también aprobó la enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercosur, firmada en la ciudad de Benito Gonçalves, Brasil el 5 de diciembre de 2019.
La enmienda sustituye el anexo sobre servicios financieros del protocolo mencionado, suscrito el 15 de diciembre de 1997.
El nuevo anexo contempla, entre otras disposiciones, las medidas que puedan mantener o adoptar los Estados parte con el fin de proteger a inversores, depositantes, participantes en el mercado financiero, tenedores o tenedoras de pólizas o personas con las que un prestador de servicios financieros tenga contraída una obligación fiduciaria, y garantizar la solvencia, liquidez y estabilidad del sistema financiero, como así también de los prestadores de servicios financieros.
También se establecen en el nuevo anexo los criterios para el reconocimiento de medidas prudenciales por parte de otro Estado.
Asimismo, contiene disposiciones sobre el sistema de pago y compensación; nuevos servicios financieros; regulación efectiva y transparente; procesamiento de datos y organizaciones autorreguladas.