8 de noviembre de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

Sesión en Diputados: qué proyectos intentarán aprobar este martes en el Congreso

El Frente de Todos (FdT) buscará este martes convertir en ley los proyectos de moratoria previsional y de digitalización de las historias clínicas, en un plenario que destrabará la agenda de convocatoria a sesiones extraordinarias en el último día de ese período.

La sesión, prevista para las 10.30, se realizará un día antes de la presencia del presidente Alberto Fernández en el Parlamento para inaugurar el 141° período de sesiones ordinarias.

El primero de los proyectos contemplados en la convocatoria a la sesión impulsada por el jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, establece un plan de pago de deuda previsional que permitiría a unas 800.000 personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.

El tratamiento de esta iniciativa había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.

¿Habrá Quorum?

Para avanzar con el debate, el FdT deberá reunir el quórum con el apoyo de bloques minoritarios e intermedios, ya que JxC continúa con su estrategia parlamentaria de no habilitar el tratamiento de ningún otro tema mientras el oficialismo no clausure el análisis del juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Fuentes parlamentarias adelantaron que la principal bancada opositora recién ingresaría al recinto una vez que el FdT y sus circunstanciales aliados consigan las 129 presencias que permitan habilitar el inicio de la sesión.

Para alcanzar ese número, desde la bancada oficialista confían en los respaldos de los cuatro diputados de la Izquierda, los cuatro del interbloque Provincias Unidas (referenciados en los gobiernos provinciales de Misiones y Río Negro) y con al menos cuatro de los ocho integrantes del interbloque Federal.

  • Desde este último espacio colaborarían con el desarrollo de la sesión los bonaerenses de Identidad -Graciela Camaño y Alejandro «Topo» Rodríguez-, y los dos socialistas santafesinos, Mónica Fein y Enrique Estévez.

Aún es una incógnita la posición que adoptará el restante bonaerense, Florencio Randazzo, en tanto los tres representantes de Córdoba Federal coincidieron hace un mes en llevar adelante la misma estrategia de JxC: no avalar el debate de otros temas mientras se desarrolle el juicio político a los miembros de la Corte.

Sin embargo, los tres diputados que representan al gobierno provincial sí darían su aval a la iniciativa una vez que la sesión esté habilitada. Actuarían en consonancia con lo que hizo la senadora de su espacio, Alejandra Vigo, cuando el tema logró la media sanción de la Cámara alta.

Cabe destacar que el debate de la moratoria previsional había fracasado el 21 de diciembre último, cuando Juntos por el Cambio (JxC) y otros bloques opositores se negaron a dar quórum para debatirlo.

Con el repaso de estos números, quienes pretenden sesionar este martes llegarían a 130, aunque con las presencias del neuquino Rolando Figueroa (MPN), del santacruceño Claudio Vidal (bloque propio) y de Randazzo el número podría llegar a 133.

La sesión de este martesse dará en el marco de una convocatoria a la puertas del Parlamento de jubilados y asociaciones gremiales y sociales que buscan visibilizar la importancia de que se apruebe la ley, y que será el correlato del «abrazo al Congreso» realizado el miércoles pasado en el mismo sentido.

El proyecto previsional tiene dictamen para ser tratado en el recinto desde el pasado 30 de noviembre, en un texto que lleva las firmas de los diputados del FdT que integran las comisiones de Presupuesto y de Previsión.

Sobre el proyecto

El proyecto de moratoria previsional fue presentado en el Senado por Anabel Fernández Sagasti y cuenta con media sanción desde el 30 de junio pasado.

La norma establece que las personas en edad jubilatoria, pero sin los aportes exigidos, podrán regularizar períodos faltantes hasta el mes de diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

Ese dictamen contó con el acompañamiento del interbloque Provincias Unidas y con el aval, con algunas disidencias, del interbloque Federal.

El proyecto, presentado en el Senado por la oficialista Anabel Fernández Sagasti y con media sanción desde el 30 de junio pasado, establece que las personas en edad jubilatoria pero sin los aportes exigidos podrán regularizar períodos faltantes hasta diciembre de 2008, inclusive, con una modalidad de pago en cuotas que serán descontadas de manera directa del haber jubilatorio que se obtenga a través del programa.

En tanto, el proyecto de historias clínicas, que a la medianoche de este martes perdería estado parlamentario si no es aprobado por la Cámara baja, es motorizado en Diputados por la presidenta de la comisión de Salud, la socialista Fein.

Diputados busca convertir en ley la digitalización de las historias clínicas

Por otro lado, los legisladores buscarán convertir en ley el proyecto que busca establecer la obligatoriedad de que los pacientes tengan acceso libre a su historia clínica mediante un sistema digitalizado en todo el país.

La iniciativa sancionada hace dos años en el Senado se tratará este martes en una sesión impulsada por el Frente de Todos, en cuyo transcurso también se buscará sancionar el proyecto de moratoria previsional que busca beneficiar a ochocientas mil personas.

El proyecto obtuvo dictamen favorable en la comisión de Acción Social y Salud Pública en octubre del año pasado con el consenso del oficialismo y la oposición, pero no se pudo tratar debido a que Juntos por el Cambio no dio quórum para habilitar la sesión del 21 de diciembre, y si este martes no se convierte en ley perderá estado parlamentario.

La propuesta crea el Programa Federal Único de Informatización y Digitalización de Historias Clínicas, por el cual toda la información del paciente quedará documentada en un sistema único.

A lo largo del dictamen que se debatirá este martes se fija que en el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas se deja constancia de toda intervención médico-sanitaria a cargo de profesionales y auxiliares de la salud, que se brinde en el territorio nacional, ya sea en establecimientos públicos del sistema de salud de jurisdicción nacional, provincial o municipal, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como en establecimientos privados y de la seguridad social.

Se establece además que deberá contener los datos clínicos de la persona o paciente, de forma clara y de fácil entendimiento, desde el nacimiento hasta su fallecimiento.

«La información suministrada no puede ser alterada, sin que quede registrada la modificación pertinente, aun en el caso de que tuviera por objeto subsanar un error acorde a lo establecido en la ley 25.326 de Protección de Datos Personales y sus modificatorias», señala el proyecto.

Otro punto de esta propuesta fija que el Sistema Único de Registro de Historias Clínicas Electrónicas garantiza a los pacientes y a los profesionales de la salud el acceso a una base de datos de información clínica relevante para atención sanitaria de cada paciente desde cualquier lugar del territorio nacional, asegurando a este que la consulta de sus datos quedará restringida a quien esté autorizado.

El proyecto establece que el Gobierno Nacional debe poner en funcionamiento este sistema donde se deberá organizar la este programa en conjunto con las provincias y el distrito porteño.

También la autoridad de aplicación deberá determinar las características técnicas y operativas de la informatización y digitalización de las historias clínicas del sistema de salud de la República Argentina.

Y tendrá que elaborar un protocolo de carga de historias clínicas, así como diseñar e implementar un software de historia clínica coordinando la implementación interjurisdiccional e instalar el software de forma gratuita en todos los hospitales públicos, nacionales, provinciales y municipales.

Además, proveer la asistencia técnica y financiera a las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para cumplir los objetivos de esta ley.