Sobre el financiamiento de la política por Alejandro Garvie
Los demócratas norteamericanos hace tiempo que buscan modificar el sistema de financiamiento de la política ampliamente favorable a la influencia de los poderosos. Propuestas de cambio y su espejo en nuestro país.
Robert Mercer puso miles de millones de dólares al servicio de las campañas de Donald Trump y del Brexit. El banquero norteamericano financió el trabajo de Cambridge Analytica para ambas tareas, consistente en la manipulación del big data en favor de sus propósitos, destruyendo la esencia de la democracia. Por algo similar Nicolás Maduro es considerado un dictador.
Existe una preocupación generalizada en quienes defendemos la democracia ante la falsificación de la representación por fuerza del dinero, es decir, el avance de la plutocracia. Los poderosos siempre han tenido contrapesos frente a su ambición desmedida, pero el dinero invertido en las nuevas tecnologías les ha abierto una puerta hacia el control total. El temor que los liberales profesaban hacia el Estado es el que hoy deberían sentir por los ricos que han emprendido el camino de la hegemonía.
Este tipo de influencia en el electorado es parte de la maquinaria propagandística que se pone en marcha en cada campaña que es cada vez más costosa. Desde la publicidad subliminal de James Vicary en 1957 – que fue declarada ilícita – hasta la manipulación de redes sociales en la actualidad, existe la necesidad de establecer nuevas regulaciones y transparentar el financiamiento de la política para evitar abusos de poder.
En 2011, Lawrence Lessig, profesor de Derecho de Harvard, inspiró a un grupo de profesionales llamado Sightline para plantear un modelo innovador de financiamiento de campañas. El equipo aplicó en Seattle un programa de “vales para la democracia”, que consistió en entregar 100 dólares a cada votante para que ellos decidieran a qué candidato local donarlos, en su campaña para elecciones locales.
El programa, que creció de 8.200 vales en 2015 a por lo menos 25.000 en 2017 mostró algunos logros, tales como el involucramiento de personas que antes no votaban (recordemos que en los EE.UU. las elecciones no son obligatorias) y la incorporación de personas que antes no donaban, a la vez que los políticos se vieron incentivados a buscar donaciones dónde antes ni se molestaban en generar atracción.
Sobre esta experiencia la senadora demócrata por Nueva York, Kirsten Gillibrand, propuso un plan al que ha llamado «Dólares de la Democracia» que consiste en dar a cada votante hasta 600 dólares que pueden donar a los candidatos federales. Pasar de la escala local a la federal supone muchos riesgos para iniciativa, pero es una respuesta al brutal avance de los ricos.
Gillibrand declaró que: «Si quiere lograr algo que el pueblo estadounidense quiera que hagamos, ya sea la atención médica como un derecho, mejores escuelas públicas, mejores economías, debe asumir la codicia y la corrupción que determinan todo en Washington».
Habría condiciones para los donantes y los candidatos. El dinero podría ir solo a las elecciones en el Estado del donante, aunque podría usarse para los candidatos de la Cámara de Representantes fuera del distrito del votante.
Los políticos se enfrentarían a límites mucho más estrictos en las donaciones. Para ser elegible para recibir «Dólares de la democracia», un candidato tendría que aceptar voluntariamente renunciar a cualquier contribución mayor a 200 dólares por donante. Eso es una gran reducción del máximo actual de 2.800 por primaria y 2.800 para la elección general.
El plan territorializa la acción política de los candidatos y crea incentivos para centrar sus campañas para ganar donaciones – y votos – en el nivel local, asunto que de otra manera pasarían por alto desde el punto de vista de la actual recaudación de fondos.
La senadora propone que el costo de financiación del Plan – cuyo costo no ha sido estimado aún – sea solventado con la limitación de un subsidio a las corporaciones por compensación ejecutiva – que estima que recaudaría 60 mil millones de dólares en 10 años – con lo que los ricos “aportarían” al financiamiento, pero la gestión sería de millones de ciudadanos.
En los EE.UU. los candidatos y partidos gastaron un total de 5.700 millones de dólares en el ciclo 2018 y 6.500 millones en 2016.
La propuesta de Gillibrand es parte de una lista de reformas innovadoras sobre el financiamiento de campañas que los demócratas – entre ellos Bernie Sanders – han presentado en los últimos años. Si bien los gastos sin restricciones de los súper PAC pueden estar respaldados por el sistema legal, por ahora, estas iniciativas buscan revertir esta situación en la que las grandes fortunas aprovechan la legislación vigente – que fueron logrando a fuerza de lobby – de maniobras ilegales – como la compra de información confidencial – y los resquicios legales de las redes sociales.
Hoy en nuestro país el proyecto de financiamiento de la política que fue aprobado en el Congreso y permite el aporte privado a las campañas es el inicio de un camino que el pueblo de los EE.UU. está intentando desandar.
Por Alejandro Garvie
