Lo hizo al recordar su proyecto, presentado en marzo de 2022, donde orquesta un exhaustivo estatuto que contempla las normativas necesarias para que los trabajadores/as del rubro puedan tener previsibilidad, seguro social, condiciones y elementos de trabajo, así como todas las variantes que se presentan en la vinculación laboral entre las partes.
“El rápido crecimiento de estas nuevas formas de organización empresarial y la amplia oferta laboral interesada en incorporarse ha desbordado todas las previsiones legales o normativas que el derecho laboral argentino conocía: carecemos de una regulación que contemple equilibradamente estos proyectos laborales y al resguardo a sus trabajadores. Así, buscando generar certidumbre y seguridad para trabajadores y empleadores, desde marzo de 2022 impulsamos este proyecto dirigido a conciliar las nuevas realidades laborales», afirmó la diputada Soledad Carrizo.
Con distintas variantes, la vinculación laboral entre las partes continúa bajo un esquema de independencia y autonomía, con ausencia de mecanismos protectorios básicos como seguro, salario mínimo, licencias y descansos para los trabajadores.
El proyecto cuenta con 68 artículos, que contemplan el abanico legal entre la empresa, el trabajador contratado y el estado nacional: jornada laboral, remuneración, vacaciones, licencias, régimen de seguridad social, derechos y obligaciones de las partes, condiciones y elementos de trabajo, etc.
La frustración de la diputada Carrizo y las demás firmantes, se centra en que las presentaciones realizadas desde el Poder Ejecutivo referidas a las mejoras para los trabajadores de este sector, carecen de trabajo y fundamento legislativo.
“En lugar de acompañar este trabajo de regulación laboral, que promueven las diputadas firmantes desde el año 2022, se realizan presentaciones públicas que se asemejan a slogans de campaña, muy distantes de cómo se constituye un proyecto de política pública”, afirma Carrizo.