En el mes de marzo la diputada Margarita Stolbizer participó del Foro Anticorrupción de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) y mantuvo una serie de entrevistas con los máximos responsables del organismo, con la intención de trabajar para que Argentina discuta la adopción de los estandares internacionales en materia de transparencia institucional y estatal y lucha contra la corrupción y la impunidad.
En ese marco, este año se debate en el Congreso Nacional el proyecto de Responsabilidad Penal de las personas jurídicas, para dar cumplimiento con la Convención antisobornos de la que nuestro país forma parte. El principal objetivo de la norma es la tipificación de este delito cuando es cometido por personas jurídicas, sean de capital nacional o extranjero.
Los expertos participantes fueron: Patrick Moulette, Jefe de División anticorrupción de la OCDE; William Loo, Director de la División anticorrupción de la OCDE; David Green, Jefe de la Oficina de fraudes graves del Reino Unido; Paul Leder, Director de la Oficina de Asuntos Internacionales de la SEC y la titular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. Stolbizer es Presidenta del Grupo Parlamentario de Amistad con Reino Unido y en tal carácter integra el Grupo de Parlamentarios de la OCDE.
Al finalizar la exposición de los expertos extranjeros, la Diputada Margarita Stolbizer se refirió a la situación en Argentina: «Sin perjuicio de la importancia que asignamos al proceso iniciado para el ingreso de Argentina en la OCDE, vemos esto como una oportunidad para mejorar nuestros estándares internos adaptándolos a los internacionales en la lucha contra el soborno trasnacional y la corrupción. Venimos de muchos años en los que hemos consagrado un modelo de impunidad que es más grave que la misma corrupción. Necesitamos terminar con la impunidad del poder político y económico. Para eso, se necesita involucrar también a la justicia. Deben ser los tres poderes del estado para reconstruir instituciones y confianza. Necesitamos confiabilidad y previsibilidad para recibir inversiones y crear empleo. Responsabilizar a las personas jurídicas que cometen delitos, que pagan coimas, es un camino, no el único, tan necesario como insuficiente. Al mismo tiempo hay que poner la mirada en las situaciones que se generan desde el propio estado, con funcionarios dispuestos a quebrar la ley para obtener beneficios económicos personales. Por detrás de los sobornos de las empresas siempre están las personas de carne y hueso que llevan adelante esos comportamientos buscando ganancias ilegales. Argentina debe llevar adelante reformas estructurales en el sistema penal y procesal, en el funcionamiento de la justicia y también en los controles sobre una relación entre el sector público y privado que debe pasar de ser viciosa a ser virtuosa, transparente, marcada por la ética de las conductas personales de la política.»