La presidenta del bloque de Senadores bonaerenses, María Teresa García, consideró que le provoca “tranquilidad que se haya hecho público que el PRO tuvo aportantes truchos» durante la campaña electoral de 2017 en la provincia de Buenos Aires. Asimismo, indicó que la pena para los responsables de esa maniobra debería ser la «inhabilitación para ejercer cargos públicos«.
La legisladora se refirió a la decisión de la Cámara Nacional Electoral en donde se confirmó la resolución del juez federal Alejo Ramos Padilla que había desaprobado los informes finales de recursos y gastos de la campaña electoral que Cambiemos desarrolló en territorio bonaerense para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias de 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba el distrito.
En declaraciones radiales, María Teresa García sostuvo que “es auspicioso que esto se haga público y que se intervenga en la definición de esta causa, pero la sanción es una multa al PRO, cuando la causa era mucho más compleja. Hice una denuncia penal y entre las consecuencias de violar la Ley de Partidos Políticos es la inhabilitación de ocupar cargos públicos. Ante la violación de la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos la sanción es muy dura porque ello da cuenta de que se blanqueó dinero«.
“La carga debería ser la inhabilitación para ocupar cargos públicos, algo que en este caso no ocurrió. Vidal era la presidenta del partido en la provincia de Buenos Aires y María Fernanda Inza era la contadora. Por intermedio del procurador Julio Conte Grand se logró que la causa se dividiera en dos, por lo cual la sanción es netamente económica y no penal«, añadió. Luego, recordó que en aquella oportunidad, ella y sus abogados insistieron “para que la causa permaneciera toda junta en La Plata, pero no se logró«.
La denuncia se basó en centenares de testimonios de personas que se acercaron a su despacho a “dar cuenta de que jamás habían aportado al PRO” para la campaña electoral de 2017. “Se violó no sólo la Ley de Partidos Políticos, sino la de hábeas data porque afiliaron gente robando sus datos desde los datos de Anses y la hicieron aportante trucha«, agregó.
García ponderó la tarea que llevaron adelante el juez Alejo Ramos Padilla y la Cámara Electoral, que demostraron que “el hecho existió”. También dijo que le gustaría saber “quiénes, en verdad, financiaron aquella campaña”, pidió imaginar “que un candidato a gobernador del peronismo hubiera tenido una conducta como la que se comprobó. Todavía estaríamos en las tapas de los diarios por un delito de estas características, que tiene que ver con lavado de dinero y falsear identidad de la gente. La señora (Vidal) se pasea por la calle tranquilamente y hasta dice que será candidata. Si la vara no es la misma, debemos hacerlo público para que la sociedad comprenda de qué hablamos«.
Cabe recordar que en febrero pasado, Ramos Padilla desaprobó los gastos de campaña electoral de Vidal y sancionó con multas a los espacios que conformaron la alianza Cambiemos como el PRO, con $3.246.965; la UCR y la Coalición Cívica, con $990.599 cada uno; y los partidos Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Unión del Centro Democrático, Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, Fe, del Diálogo y Movimiento Social por la República, que recibieron todos sanciones pecuniarias por $34.395.
El máximo tribunal electoral confirmó la sentencia del magistrado, que había sido apelada por Juntos por el Cambio, y dispuso que se tramiten “las actuaciones pertinentes, a fin de determinar las eventuales responsabilidades personales que pudieran corresponder de acuerdo con el procedimiento establecido en los artículos 146 y concordantes del Código Electoral Nacional«. Ratificaron también que se debía “sancionar con la pérdida de aportes públicos extraordinarios para la campaña que hubieran correspondido a los partidos como integrantes de la alianza” y dispuso que se investigara a los eventuales responsables de las “numerosas irregularidades” detectadas.