En una reunión conjunta de las comisiones de Agricultura y Ganadería, Legislación General y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados de la Nación se realizó el cuarto y último debate sobre un nuevo régimen de promoción de la producción y comercialización de semillas y creaciones fitogenéticas, y la derogación de la Ley 20.247.
El titular de la Comisión de Agricultura y Ganadería, Atilio Benedetti (UCR), celebró el debate que se desarrolló en estas cuatro jornadas. “Agradezco a los más de 50 expositores que participaron en la defensa enfática de las diversas miradas”, señaló. Y explicó que ahora “sintetizaremos junto a los legisladores y asesores las principales ideas para poder llegar a un dictamen común”.
En la apertura del encuentro, Guillermo Pugliese, de la Federación de Cooperativas Agropecuarias de San Juan (FECOAGRO), expresó que “la ley debe regular el mercado a través del Instituto Nacional de Semillas (INASE), debe ser abarcativa para todas las producciones y revalorizar la cadena de valor”.
Por su parte, el prosecretario de la Bolsa de Cereales de la provincia de Córdoba, Pablo Lozano, destacó: “La semilla es un insumo estratégico para la economía argentina por ser generadora de divisas”.
Además, explicó que “sólo el 20% de las semillas autogámicas son fiscalizadas”, lo que evaluó como “una gran pérdida de competitividad en nuestro sector” y consideró que “la ley ayudaría a tener una economía más equilibrada”.
Asimismo, el presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Juan Balbín, dijo que “los futuros investigadores necesitan contar con un sustento previsible en la ley” y propuso que la nueva norma incluya la posibilidad de generar contratación privada.
Miguel Tezanoz Pinto, de la Subsecretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia de Buenos Aires, explicó que “para el sector agroindustrial de Buenos Aires, no hay nada más importante que una ley de semillas dado que cuenta con el 75% de los semilleros”.
Además, apuntó que “necesitamos fomentar la inversión pública y privada, que sea equitativa”, y también, dinamizar la inversión y la producción, con controles simples y que se puedan llevar a cabo”. Y, por último, abogó por que “el uso propio debería pagarse” porque “no todos los cultivos son iguales”.
Por su parte, Javier Martínez, intendente de Pergamino, ciudad vinculada al agro, defendió la necesidad de una nueva legislación de semillas, porque “la genética aumenta la posibilidad de producción” y, asimismo dijo que va ser una ley “generadora de empleo”.
A su turno, Mauricio Sánchez Campayo, de la Asociación Argentina de Productores de Semillas (ASPROSEM), propuso “promocionar esta iniciativa a través de las instituciones públicas y privadas” y “asegurar los derechos de los obtentores”.
En nombre de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA), Gustavo Idígoras, alertó sobre el problema de la inversión: “Para ser líderes mundiales tenemos que producir mil millones de toneladas”. Por ello, expresó que “necesitamos nuevas herramientas que sean superadoras en infraestructura y desarrollo, para incrementar rendimiento y calidad en el país”.
Por último, Tamara Perelmuter, investigadora del CONICET y representante de la asociación de Campesinos, Indígenas y Agricultura familiar, advirtió “que la discusión no sea pública y muchas voces siguen estando ausentes”. Y, remarcó, en el Día mundial de la soberanía alimentaria, “que no es un debate meramente técnico sino político, discutimos nuestro modelo agroalimentario y la biodiversidad”.
Además, participaron del debate la Asociación Argentina de Girasol (ASAGIR); la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA); la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA); la Asociación Semilleros Argentinos (ASA y la Ingeniera Julia Carreras, de la Universidad Nacional de Córdoba.