Un diputado del PRO presentó un proyecto para remover al Directorio del Banco Central
El diputado del PRO, Oscar Agost Carreño presentó un proyecto de ley que propone que el Congreso sea el encargado de la remoción de los directores del Banco Central y no el Poder Ejecutivo. Lo hizo la semana pasada con el título «modificación del procedimiento de censura y destitución de los miembros del Directorio del Banco Central».
La iniciativa cuenta con la firma de los siguientes diputados: Luciano Laspina, Lidia Ascárate, Adriana Ruarte, Mario Barletta, Manuel Aguirre, Mónica Frade, Gerardo Cipolini y Carlos Zapata.
Según sostiene el proyecto, se propone modificar la Carta Orgánica y que quede de la siguiente manera redactado: «Los integrantes del directorio podrán ser removidos de sus cargos, por el Honorable Congreso de la Nación, por incumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente Carta Orgánica, por incurrir en alguna de las inhabilidades previstas en el artículo anterior, cuando mediare mala conducta o incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Y solicita que la remoción se de de la siguiente manera:
1) Etapa de iniciativa: Debe darse la aprobación de un pedido de interpelación a los efectos del tratamiento de una moción de censura. Esta etapa puede ser promovida en cualquiera de las dos Cámaras y requiere una mayoría absoluta de los miembros.
2) Etapa de ejecución: La moción de censura, que también requiere el voto de la mayoría absoluta sobre la totalidad de cada una de las Cámaras y cuyo efecto es la remoción del funcionario”.
Para el diputado nacional, «la Constitución Nacional le otorgó a este Congreso la competencia exclusiva en el régimen dela moneda (artículo 75 incisos 6, 11 y 19). No queda dudas del mandato que tiene prevista la Carta Magna al decir que compete al Congreso “establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda; hacer sellar moneda, fijar su valor y la obligación de defender su valor.”
«El legislador constituyente tomó una clarísima decisión: el valor de nuestra moneda nacional es facultad exclusiva del Congreso y no del Poder Ejecutivo», expresó.
Al mismo tiempo, apuntó que «se ha producido una delegación encubierta en materias no permitidas constitucionalmente, más allá que ni siquiera existen herramientas de control precisas para que el Congreso mantenga la injerencia en el tema que la Constitución precisamente estableció como su competencia».
Por último concluyó: «considero que este Congreso no puede seguir impávido cuando el Banco Central no cumple con las obligaciones que tiene delegadas (quizás en exceso de sus facultades), cuando las intromisiones del Poder Ejecutivo resultan desmedidas, cuando el valor de la moneda se está volviendo irrisorio, pero sobre todo cuando ello genera, a diario, más pobreza en el pueblo. El Congreso debe actuar. Está Honorable Cámara, que es representante del pueblo nacional, debe tomar cartas en el asunto».