Un proyecto en línea con la política alimentaria que se viene desarrollando
Por Gabriela Burgos (*)
La asistencia a los sectores más vulnerables ha sido un compromiso de Cambiemos desde que asumimos el gobierno y lo hemos adoptado como una política prioritaria desde entonces.
Transformaciones políticas, sociales y económicas, necesarias para favorecer el crecimiento y desarrollo sustentable, fueron siempre acompañadas de acciones orientadas a compensar a los sectores más expuestos y afectados ante situaciones de crisis.
La universalización de la asignación por hijo, la reparación histórica a los jubilados, las tarifas sociales, la continuación de los programas de ayuda social, entre otras, reflejan una constante preocupación en reducir las desigualdades.
Desde las PASO, atravesamos momentos difíciles por la incertidumbre sobre la continuidad o no de las políticas públicas llevadas a cabo hasta ahora, lo que hizo imprescindible reforzar los mecanismos de asistencia para transitar mejor esta etapa mientras se reordena la situación económica. Por ello, entre otras medidas, se eliminó el IVA en los productos de la canasta básica, se elevó el mínimo no imponible de ganancias, se subsidió la cuota de los créditos hipotecarios, etc.
En este contexto, hemos aprobado en sesión especial, convocada por pedido de bloques políticos de la oposición, la prórroga de la emergencia alimentaria hasta el año 2022, que incluye un reordenamiento de partidas presupuestarias.
En primer lugar, la emergencia alimentaria y social se encuentra vigente desde el año 2002, prorrogada sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 2019, (la última prórroga por ley 27.345 sancionada en el 2016), donde la Nación y las provincias son las encargadas de llevar adelante la ejecución de los programas y medidas en ella contempladas. Hasta el momento, tanto los gobiernos provinciales como el gobierno nacional han avanzado en la realización de programas alimentarios que incluyen asistencia a comedores escolares, acciones de nutrición, fortalecimiento de comedores comunitarios, clubes, organizaciones sociales, barriales, religiosas, merenderos y parroquias, y medidas varias de impulso a la autoproducción de alimentos. Por lo que interpretar la aprobación del proyecto de ley en cuestión como un cambio de modelo de política asistencial sería un error.
En segundo lugar, la media sanción aprobada recientemente no genera un impacto fiscal, es decir, no representa un aumento del gasto total. Es en realidad una recomposición interna del presupuesto.
Además, la iniciativa que pasó a senado para su tratamiento autoriza al jefe de gabinete a reordenar las partidas presupuestarias. Debemos recordar que el presupuesto es una autorización que el Poder Legislativo le otorga al Poder Ejecutivo para gastar recursos a fin de llevar a cabo las políticas públicas. Esto no implica que el PEN tenga la obligación de gastar la totalidad de cada una de las partidas, pudiendo reasignarlas en otras áreas, facultad ya otorgada por la ley 26.124 del año 2006 al jefe de gabinete de ministros. Por ello, este proyecto tiene un tinte más declarativo que operativo.
En conclusión, el texto aprobado por la Cámara de Diputados se encuentra en línea con la política de asistencia social y alimentaria que el Estado nacional viene implementando desde hace 4 años y, por lo tanto, compartimos objetivos y acompañamos su aprobación.
Se trata en definitiva de acciones que hemos llevado a cabo sin pretensión de darle una utilización electoral. Lamento que un amplio sector de la oposición vea esto como una oportunidad para aumentar su exposición pública y transformarlo en un elemento central de la campaña política, cuando hemos demostrado una permanente predisposición al diálogo y al consenso.
(*) Diputada Nacional por UCR-Jujuy. Presidenta de la comisión de Legislación Penal HCDN