Una Diputada argentina del Parlasur demandó judicialmente al Gobierno de Mauricio Macri
Fernanda Gil Lozano, diputada argentina del Parlasur por el Frente UNA, presentó ayer un amparo judicial para obligar al Ejecutivo Nacional a cumplir con la Ley 27.120 de “Elección de Parlamentarios del Mercosur”. Considera que el Macrismo “pareciera buscar la desintegración del bloque argentino en ese órgano legislativo” y no descarta denunciar penalmente a Marcos Peña, Jefe de Gabinete de Ministros, “por incumplimiento de sus deberes de funcionario público”.
La representante parlamentaria señaló en su escrito que el Gobierno Nacional viola principalmente el artículo 16 de la ley mencionada, el cual expresa que “… los parlamentarios del MERCOSUR en representación de la ciudadanía argentina, serán asimilados en el derecho interno a los diputados nacionales. Serán aplicables a su respecto, siempre que no hubiere disposición específica, las disposiciones que regulan la condición de aquéllos en cuanto a inmunidades parlamentarias, regímenes remuneratorios, laborales, previsionales y protocolares”.
Según la Legisladora internacional, hasta el momento el Gobierno encabezado por Mauricio Macri no les asignó ni siquiera un lugar físico para desempeñar sus tareas, no saben cuándo, dónde, ni cuánto cobrarán sus dietas y ni siquiera se ha dispuesto un interlocutor válido entre las partes, dejándolos librados a su suerte, sin un sostén burocrático ni administrativo que les permita mínimamente desarrollar sus tareas como corresponde.
Gil Lozano también advirtió que contempla la posibilidad de denunciar penalmente al Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, por incumplimiento de sus deberes de funcionario público, dado que la Ley de Presupuesto Nacional (Nº 27.198), en su art. 69 se refiere a las competencias de ese funcionario respecto del PARLASUR y establece que lo faculta para que “efectúe las reestructuraciones presupuestarias a efectos de asignar las sumas necesarias para financiar los gastos derivados del cumplimiento de las disposiciones de la Ley 27.120”. Eso se basa en el artículo 264 del Código Penal que determina que también incurre en delito el funcionario «que demorare injustificadamente un pago ordinario».
La referente del massismo en el Parlasur también destacó que su recurso de amparo está avalado en el primer párrafo del art. 43 de la Constitución Nacional, que establece que “toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad o ilegalidad manifiestas derechos y garantías reconocidas por esta Constitución”
En ese marco, la Diputada también reclamó que el Ejecutivo Nacional tampoco les proveyó ni reembolsó los recursos para los viajes y la estadía para poder cumplir con su presencia en las reuniones y sesiones del órgano legislativo regional.
Gil Lozano manifestó que “la doctrina constitucional considera que el ejercicio de un cargo legislativo priva a su titular de desarrollar una actividad remunerada por el tiempo y la dedicación que insume, por lo que resulta razonable y conveniente que ese servicio sea debidamente compensado. En caso contrario, y al margen de las hipótesis de corrupción, el acceso a la función legislativa estaría limitado a quienes disfrutan de una posición económica sólida, o bien inhibiría a los legisladores para dedicarse en forma excluyente o preponderante a su labor pública”.
También expresó que “es entonces urgente que las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional cumplan al respecto con las normas vigentes, dado que los atributos de los parlamentarios del PARLASUR son “derechos adquiridos” y su elección -como todo acto electoral- es irrevocable”. En este punto, recordó cuando el Presidente de la República ha manifestado en su discurso de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional la trascendencia que da al necesario respeto al voto.
Por todo esto, finalmente Fernanda Gil Lozano solicitó a la justicia federal que se haga lugar a la acción de amparo que presentó, ordenando al Estado Nacional al inmediato cumplimiento a sus obligaciones. De nos ser así, la Diputada también manifestó que podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y, eventualmente, ante los órganos internacionales.