Una nueva moratoria de la impunidad. Por Jorge Enriquez
Desde el inicio de la pandemia, los legisladores de Juntos por el Cambio hemos presentado muchos proyectos de ley tendientes a paliar la grave situación económica que las cuarentenas están provocando en las familias y en las empresas. Además de esas iniciativas, advertimos que la paralización general de la actividad nos llevaba al abismo y que era necesario conciliar las necesidades sanitarias con las económicas.
No se trataba, sostuvimos, de caer en un frío economicismo, sino de atender a la realidad. Aunque a gran parte de los funcionarios kirchneristas esto les parezca increíble, no todos los argentinos viven del Estado. Hay un sector de la población que vive de los ingresos que genera todos los días con su trabajo privado.
En la realidad, quienes están padeciendo severamente los efectos de esta situación son sobre todo personas de clase media y clase media baja, que desempeñan oficios o prestan servicios. También, los esforzados dueños de 
las Pymes, que no poseen las espaldas financieras para sostener una estructura empresaria sin producir ingresos por varios meses.
De ahí que sean bienvenidas todas las medidas que puedan amortiguar las consecuencias de ese desastre y que brinden un adecuado estímulo para volver al trabajo. Entre ellas, sin dudas las moratorias tributarias son imprescindibles, toda vez que resulta imposible pagar tributos cuando no existen ingresos.
Pero el kirchnerismo, que no cambia las mañas, aprovechó esa necesidad para meter de contrabando un proyecto cuya principal finalidad es beneficiar a delincuentes amigos. Lo hizo en coincidencia con iniciativas tendientes a subordinar la justicia al poder político, con lo que cumplió acabadamente con el apotegma que está en su ADN: al amigo, todo; al enemigo, ni justicia.
En efecto, escondido entre cláusulas cuyo objetivo de tutela a sectores, hoy desamparados, compartimos, se halla el verdadero propósito: amnistiar al Grupo Indalo y a sus accionistas Cristóbal López y Fabián De 
Souza, quienes están afrontando un proceso penal por haberse apropiado durante varios años del impuesto a los combustibles que pagaban los consumidores. No fue una simple evasión, sino algo que técnicamente tiene otro nombre pero que cualquier persona no especializada llamaría con toda propiedad un robo, ya que el dinero que se quedaban para sí no era de ellos, que oficiaban solo de intermediarios entre quienes pagaban el impuesto y el Estado. De esa forma se apropiaron de por lo menos 900 millones de dólares.
Los principales activos de Oil Combustibles S.A. (OCSA) han sido subastados en el marco de la quiebra de esa empresa. Lo que desde el punto de vista judicial ya no podría hacerse, el kirchnerismo está consiguiendo que lo haga el Congreso, permitiendo que al incorporar el impuesto a las facilidades que otorga la moratoria se pueda extinguir la acción penal tributaria y la acción penal aduanera contra los empresarios militantes Cristóbal López y Fabián De Sousa, con lo que Cristina Kirchner podrá decirles a esos benefactores, como en el tango «Mano a mano»: «los favores recibidos creo habértelos pagado». Y las deudas, que no serán chicas sino fabulosas, las cargarán «en la cuenta de otario», que es siempre el sufrido pueblo argentino.
Por tal razón, fue un imperativo moral el rechazo de la norma inserta en el proyecto de moratoria tributaria, tal como lo hizo en la Cámara de Diputados el bloque de Juntos por el Cambio, la única fuerza opositora que se opuso a esa tropelía, respetando, una vez más, nuestro compromiso de que «Nunca Más haya impunidad en La Argentina».
No caímos en la trampa que se nos colocó. Somos los primeros en explorar todos los medios posibles para ayudar en esta grave emergencia a los que trabajan y producen, pero no nos prestamos a maniobras cuya finalidad es clara: dejar limpia la oscura foja de dos personajes que incrementaron sus fortunas ilegalmente a expensas de los argentinos y que al hacerlo cometieron delitos de los cuales ni sus jueces amigos los podrían absolver.
Ha sido un capítulo más del Operativo Impunidad que es parte esencial del pacto fundacional de la candidatura a presidente de Alberto Fernández. Tuvieron los números, se quedaron con la ley y con la vergüenza. Nosotros seguiremos fieles al mandato popular que recibimos de impedir, en cuanto dependa de nuestra voluntad, la perpetuación del latrocinio que es la marca identitaria de quienes han vuelto por todo.
