8 de noviembre de 2024

NCN

Para que el ciudadano tenga el control.

«Una reforma inconstitucional que degrada al Poder Judicial»

El diputado de la ciudad Julio Raffo (Proyecto Sur) reflexionó sobre las propuestas del Poder Ejecutivo nacional para “democratizar la justicia”.

Para Raffo se trata de una “reforma inconstitucional que degrada al Poder Judicial y al sistema republicano de gobierno” y piensa que “el verdadero objetivo de este proyecto es subordinar a las cámaras a los criterios del Ejecutivo”.

En los fundamentos del proyecto se afirma que se crean los tribunales de casación para disminuir “el retardo de los procesos judiciales”. Sin embargo, Raffo señala que se producirá el efecto contrario: la creación de una instancia judicial adicional a las existentes tendrá por efecto natural el demorar más el trámite de las causas”.

Sobre la extinción de la medidas cautelares, “al Estado kirchnerista el privilegio que hoy le brinda la ley no le alcanza y por ello pretende extinguir la posibilidad de que se dicten en su contra todo tipo de medidas cautelares, desamparando así al ciudadano frente a la prepotencia propia de su estilo de gobernar”, dijo el diputado.

También advierte sobre el sometimiento de la Corte Suprema alConsejo de la Magistratura al atribuirle a este las funciones de superintendencia del Poder Judicial así como la facultad de dictar “los reglamentos relacionados con la organización judicial”, sacándole la administración de sus recursos.

Por último, Raffo criticó la integración inconstitucional y partidaria del Consejo de la Magistratura: “el texto del proyecto, implícita y maliciosamente, transforma la exigencia de la ‘representación’ de los jueces y de los abogados en la exigencia de que el elegido tenga título de abogado y atribuyendo su elección al Pueblo de la Nación. En ambos casos el elegido será representante del Pueblo de la Nación, pero no será representante de los jueces ni de los abogados, tal como lo exige la Constitución”. Esto se agrava al atribuirse a los partidos políticos la elección de los precandidatos a los cargos de “representante” de los jueces y de los abogados. Con lo cual obligatoriamente involucra partidariamente a esos integrantes.

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