Uno de los detenidos por apedrear el despacho de CFK cobraba un plan social de 33 mil pesos por mes
El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, anunció que dieron de baja el plan Potenciar Trabajo que cobraba una de las personas detenidas por haber lanzado piedras contra el despacho de Cristina Kirchner durante las protestas frente al Congreso contra el acuerdo con el FMI.
«Supimos que uno de los detenidos por el ataque al despacho de CFK era beneficiario de Potenciar Trabajo desde noviembre de 2018. Ya lo dimos de baja», sostuvo el funcionario en su cuenta de Twitter.
Al respecto, dijo que «la sociedad argentina los ayuda para que puedan trabajar, no para que atenten contra la vicepresidenta».
Precisamente, Zabaleta había anunciado en las últimas horas el pago de un bono de 6.000 pesos para las personas que se encuentran dentro del programa Potenciar Trabajo, que se pagará en abril próximo.
El lunes, ocho sospechosos de haber arrojado las piedras que causaron destrozos en el despacho de la Vicepresidenta habían sido identificados mediante un software de reconocimiento facial utilizado por la Policía Federal.
Se trata de personas jóvenes, sin vínculos aparentes entre sí ni militancia política, reconocida por las fuerzas que motorizaron la protesta contra el acuerdo del Gobierno con el FMI, con media sanción en Diputados la semana pasada.
Quién es el detenido que cobraba un plan
Se trata de Oscar Santillán, quien fue el primer detenido por los incidentes en el Congreso cuando se discutía el acuerdo con el FMI, era beneficiario del Potenciar Trabajo, un plan social destinado a mejorar el empleo y generar nuevas propuestas productivas.
El hombre, que participó del ataque al despacho de Cristina Kirchner, formaba parte de este programa desde noviembre de 2018 y cobraba 33 mil pesos mensuales.
Santillán, que es integrante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR) Histórico, fue el primer sujeto detenido por la Policía de la Ciudad el pasado jueves.
En las filmaciones, se ve que el hombre quemó contenedores de basura en las inmediaciones del palacio legislativo y luego arrojó piedras.
En la causa se lo imputó por “Daños agravados”, “Incendio, explosión e inundación con peligro común para los bienes” y “Atentado contra la autoridad agravado”.